El reciente anuncio del Gobierno de privatizar Intercargo ha desatado un amplio debate, no solo por la cifra establecida como precio base, sino también por las implicancias que esto podría tener para la operación de servicios cruciales en diversos aeropuertos del país. Según lo expuesto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su informe de gestión en el Congreso, el precio de 45 millones de dólares para la privatización de esta empresa es notablemente inferior a sus 55 millones de dólares en activos corrientes. La firma, reconocida por ofrecer servicios de rampa y transporte de pasajeros, reportó un superávit de 20 millones de dólares el año pasado, lo que plantea interrogantes sobre la justificación de dicha valoración.
Desafíos fiscales y privatizaciones
El contexto fiscal actual se caracteriza por un superávit tensionado debido a la caída en la recaudación. Si se incorpora el oneroso crecimiento de la deuda flotante, que asciende a 2 billones de pesos, el resultado fiscal de marzo habría sido deficitario. Ante este panorama, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha declarado su intención de cubrir déficits mediante privatizaciones y concesiones, con la meta de captar unos 2.000 millones de dólares hasta fin de año.
El uso de recursos públicos para cubrir gastos corrientes a través de la liquidación de activos plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este enfoque. La estrategia del Gobierno de deshacerse de activos a precios significativamente bajos en un ambiente de incertidumbre internacional y alta prima de riesgo ha encontrado críticas desde diversos sectores.
Cifras contradictorias
De acuerdo al informe presentado por Adorni, la cifra de 45 millones de dólares como precio base contrasta con la realidad financiera de Intercargo, que posee activos que, combinados, superan los 93 millones de dólares. Esto incluye 38 millones de dólares en activos fijos repartidos en distintos aeropuertos del país, según datos a los que tuvo acceso Ámbito. Este desajuste en la valoración ha generado especulaciones sobre la verdadera intención detrás de la privatización.
Cuestionamientos por las tasaciones
Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ha sido claro en afirmar que el objetivo del Gobierno es vender todas las empresas, independientemente de su situación financiera. Este enfoque ha suscitado preocupaciones entre los expertos, quienes han señalado que las tasaciones para la privatización de los activos del Estado están, en muchos casos, por lo menos un 50% por debajo de su verdadero valor.
Un análisis más meticuloso sobre el valor de los bienes en lugar de enfocarse únicamente en el flujo de fondos habría proporcionado una imagen más clara de la situación. La designación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como responsable de estas valoraciones genera más incertidumbre, dado que ha sido señalado como un ente que prioriza intereses políticos sobre criterios técnicos.
Impacto en el servicio aéreo y en el empleo
El proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha despojado a Intercargo de su posición monopólica, permitiendo la entrada de una docena de empresas competidoras, aunque su impacto en el mercado aún es limitado. La entidad estatal sigue siendo la principal garante de los servicios en muchos aeropuertos. Sin embargo, el nuevo pliego de condiciones para la privatización no asegura la continuidad del servicio en muchos lugares, lo que pone en peligro la operación en al menos 14 aeropuertos.
Un sindicalista ha alertado sobre el riesgo de que esta situación comprometa 1.500 empleos, mientras se amplía el plazo para presentación de ofertas hasta el 10 de junio. La posibilidad de que los nuevos propietarios decidan no operar en ciertos destinos debido a la falta de rentabilidad plantea una situación crítica para la conectividad en el país.
Una valoración polémica
El riesgo de que los nuevos propietarios prioricen su rentabilidad a expensas de la cobertura de rutas menos lucrativas podría resultar en una reducción significativa de la oferta de servicios aéreos en el país. Por su parte, el usuario de Twitter @GDoggBA, que ha seguido de cerca la situación del sector, destacó la ironía en la cotización de la privatización al mencionar que “la empresa podría pagarse a sí misma”.
Esta insólita situación es un reflejo de las tensiones entre las necesidades fiscales del Gobierno y la necesidad de mantener servicios públicos eficientes y accesibles. Con este tipo de decisiones, es crucial sopesar las consecuencias a largo plazo para la infraestructura y el empleo en el país.
A medida que la privatización de Intercargo avanza, los impactos sobre el servicio aéreo y los trabajadores se irán dejando sentir, destacando la relevancia de un análisis financiero riguroso que considere tanto el presente como el futuro de estas políticas.