El comercio electrónico ha cobrado una relevancia sin precedentes en los últimos años, y con él, también han surgido importantes retos en cuanto a la regulación y el cumplimiento normativo. En este contexto, un nuevo proyecto de ley se presenta como una posible solución a las asimetrías y problemáticas que enfrentan tanto consumidores como vendedores en plataformas de venta online. La iniciativa, impulsada por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos, busca establecer a estas plataformas como “responsables solidarios” de las transacciones que se llevan a cabo en sus sistemas, lo que podría transformar el panorama del comercio digital en Argentina.
Las plataformas de venta online y su nueva responsabilidad
El proyecto de ley define como plataforma online a cualquier interfaz digital que permita la oferta de bienes o servicios a consumidores. Uno de sus puntos más destacados es la obligación de garantizar información transparente y verificable sobre los productos ofrecidos. Esto incluye detalles como la descripción técnica, el precio final, los costos adicionales, los plazos de entrega y la identificación completa del proveedor.
Incumplimientos y responsabilidades legales
Además, las plataformas asumirían responsabilidad en caso de incumplimientos contractuales, defectos en los productos, infracciones a normas de seguridad e incluso en la falta de pago de tributos. Esto se presenta como un mecanismo de protección tanto para los consumidores como para el Estado, buscando minimizar el impacto de las transacciones ilegales que han proliferado en el comercio electrónico.
Los autores del proyecto argumentan que la normativa vigente ha quedado desactualizada frente al crecimiento masivo del comercio digital, lo que ha favorecido conductas ilícitas y ha generado asimetrías informativas que perjudican a los consumidores.
Control y fiscalización de actividades ilegales
De ser aprobado, el proyecto también obligará a las plataformas a actuar como filtros y controles en la venta de productos importados ilegalmente a Argentina. En el caso de los productos ingresados desde el exterior, deberán exigir documentación que certifique su legalidad, incluyendo la comprobación del despacho de importación. Las plataformas tendrán la obligación de verificar la identidad y la condición fiscal de los vendedores y, en caso de incumplimiento, enfrentarán multas de hasta cinco veces el valor de los productos involucrados.
Implicaciones para la economía nacional
Este enfoque no solo prohíbe la venta de bienes que no cuenten con la documentación requerida, sino que también impone a las plataformas la responsabilidad de pagar impuestos aduaneros en caso de permitir transacciones sin la debida verificación. Así, el Estado busca reforzar su capacidad de control y asegurar la integridad del comercio formal en el país.
Adicionalmente, el proyecto tiene como objetivo reforzar los controles en las zonas críticas de la frontera norte, donde se han detectado delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas. Esta medida también busca proteger la industria nacional frente a la competencia desleal que representa el comercio informal.
El impacto del contrabando en el mercado argentino
Uno de los principales problemas que se intenta abordar con esta iniciativa es el contrabando, que ha crecido desmesuradamente y afecta a múltiples sectores productivos en Argentina. La entrada ilegal de productos a través de pasos fronterizos sin control no solo compromete al comercio formal, sino que también pone en peligro al consumidor debido a la falta de regulación.
Entre los productos más contrabandeados se encuentran:
- Electrónicos: teléfonos móviles, televisores, laptops y accesorios tecnológicos. En 2025, la Aduana confisca 1,8 millones de unidades valoradas en aproximadamente 65 millones de dólares. Más de un tercio de los celulares vendidos en ese año ingresaron por fuera del circuito formal.
- Cigarros y cigarrillos electrónicos: representaron casi el 10% de las ventas, a pesar de estar prohibidos.
- Cerveza y otros alimentos: hasta un 4% de los autoservicios en el área metropolitana de Buenos Aires vende marcas importadas ilegalmente. El contrabando de huevos supera las 550.000 unidades diarias.
- Ropa, calzado, perfumes y juguetes: la participación de estos productos en el mercado informal alcanzó hasta el 40%, según advertencias de la UIA.
La implementación del nuevo marco legal
Si el proyecto de ley es aprobado, la Secretaría de Industria y Comercio quedará a cargo del control y las sanciones pertinentes. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 180 días para reglamentar la norma luego de su promulgación, lo cual establece un ciclo de implementación que podría ser clave para la efectividad de la voluntad legislativa.
Este proyecto representa un paso significativo hacia la regulación del comercio electrónico en Argentina, intentando cerrar las brechas que permiten actividades ilegales y protegiendo tanto al consumidor como al mercado formal. La sinergia entre la regulación y las plataformas digitales será crucial para lograr una venta online más transparente y segura, alineada con las expectativas del consumidor moderno.