En un contexto donde el Gobierno argentino se encuentra evaluando propuestas destinadas a reducir los costos laborales, surge una nueva resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que establece la obligación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) de aportar $14.332 millones para el financiamiento de las Comisiones Médicas. Esta medida ha generado un debate significativo sobre las implicancias de la normativa en el ámbito laboral y sus repercusiones en la formalización del trabajo.
El financiamiento de las Comisiones Médicas
La SRT publicó esta resolución en el Boletín Oficial, donde se hace referencia a un fondo creado en agosto de 2023. Este fondo tiene como objetivo cubrir los gastos fijos y variables necesarios para el funcionamiento y administración de las Comisiones Médicas, que son cruciales en el sistema de riesgos laborales.
Las Comisiones Médicas son las entidades que determinan el monto de las indemnizaciones que deben abonar las ART ante situaciones de accidentes o enfermedades laborales. Este mecanismo es parte integral de los costos que enfrenta el sistema de riesgos del trabajo, y su correcta financiación es fundamental para su operatividad.
Distribución del aporte
El monto a aportar por las ART será distribuido entre las aseguradoras que actualmente protegen a aproximadamente 8,6 millones de trabajadores habilitados en ambos sectores, tanto privado como público. Esta medida también se extiende a las empresas que operan como autoaseguradoras.
La SRT estima que este aporte obedece a los gastos efectivamente afrontados por las Comisiones Médicas, y se calculará en función de la cantidad promedio de expedientes ingresados en los últimos seis meses y los haberes correspondientes del último trimestre, correspondiente al período agrupado de enero a junio de 2025.
Crecimiento de la litigiosidad laboral
A pesar de la implementación de las Comisiones Médicas, la cantidad de juicios laborales en Argentina continúa en aumento. Durante el presente año, se reportaron aproximadamente 130.000 causas ingresadas en los juzgados laborales a nivel provincial. Aunque las ART suelen hacerse cargo de las indemnizaciones correspondientemente por accidentes y enfermedades laborales, la litigiosidad persiste.
Las ART han indicado que la caída de siniestros reportada es de un 80%, sin embargo, esto no ha tenido un impacto satisfactorio en la reducción del número de juicios referidos. Esto se debe, entre otras cosas, a que los fuero laboral y normativas laborales son competencia de las provincias, lo cual requiere que cada una de ellas adopte legislaciones locales para que el sistema sea efectivo.
Inconsistencias en la aplicación de la ley
Hasta el momento, la única provincia que ha logrado cumplir con todo el circuito necesario es Mendoza, mientras que otras provincias siguen enfrentando obstáculos. En aquellas donde se ha logrado una adhesión parcial, son los peritos locales quienes determinan el valor de las indemnizaciones.
Este proceso puede inducir a un “estímulo” a incrementar el valor de las penalidades en situaciones de accidente laboral o enfermedad, dado que los honorarios de los peritos están en relación directa al monto del juicio. La ley establece la creación de cuerpos médicos forenses independientes que puedan cobrar honorarios por su trabajo y no en función de los montos de los juicios, lo que busca una mayor transparencia y eficacia en la justicia laboral.
La necesidad de una reforma laboral integral
En este contexto, la adhesión de las provincias a la ley de riesgos del trabajo es un tema crítico que deberá ser abordado en las negociaciones del Gobierno nacional con los gobernadores. Se busca que los mandatarios provinciales impulsen el sistema en sus territorios, mejorando así la formalización del trabajo.
La reducción de los costos laborales es un desafío que las autoridades deben enfrentar, y uno de los puntos que debe ser discutido es el compromiso que se exige de los gobernadores para que se promulguen leyes en sus respectivas legislaturas. Esto tiene el potencial de disminuir la cantidad de juicios laborales y, por ende, los costos operativos de las empresas.
Opiniones de expertos
“Es imperativo resolver los desvíos judiciales y la actividad pericial para brindar un real servicio de justicia a empleadores y trabajadores”, aseveró Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). Ella destacó la urgencia de conformar cuerpos médicos forenses que actúen de manera independiente para garantizar la transparencia y la eficacia en el sistema judicial.
Bettiol también subrayó que la ineficiencia de las pericias judiciales y el incumplimiento de la Ley 27.348 están provocando un colapso en el sistema de ART, lo que a su vez atenta contra la generación de empleo formal en la Argentina.
En consecuencia, la problemática de las ART y los juicios laborales pone de relieve una serie de desafíos que deben ser atendidos de manera urgente para garantizar un sistema de trabajo más eficiente y justo en el país. La intervención del Gobierno, junto con el apoyo de las provincias, será clave para establecer un marco que no solo resuelva estas tensiones, sino que también promueva un entorno laboral más seguro y estable para todos los trabajadores.