Desde el comienzo de las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, Brasil ha adoptado una postura más firme para lograr el cierre de un acuerdo que ha estado en discusión durante años. Recientemente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, amenazó con abandonar la mesa de negociaciones si Europa decidiera postergar nuevamente la firma del tratado. Este endurecimiento del tono por parte de Brasil se debe a la creciente presión interna y externa para materializar un acuerdo que beneficie a ambos bloques.
Las divisiones en el seno de la UE son evidentes, ya que mientras algunas economías, más inclinadas hacia la industria, luchan por destrabar el tratado, otras, como Francia e Italia, con un fuerte lobby agrícola, abogan por la implementación de salvaguardias y compensaciones para proteger a sus productores. Esta situación ha llevado a Brasil a considerar que se trata de una forma de proteccionismo de última hora, que obstaculiza la posibilidad de una cooperación agrícola más equilibrada.
La razón fiscal detrás del conflicto agrícola
Marisa Bircher, fundadora de la consultora Biglobal, ha señalado que la oposición de países como Francia e Italia no puede ser atribuida únicamente a la defensa de sus sectores agropecuarios. Desde un enfoque fiscal, la situación es crítica para estos países, que presentan algunos de los niveles más altos de deuda pública respecto al PIB en la UE, superados solo por Grecia. Esto limita su margen fiscal y afecta directamente la sostenibilidad de sus políticas agrícolas.
Según datos del Institut Économique Molinari, Francia representa el 35% de la carga fiscal agrícola de la UE, aunque solo aporta el 18% de la producción total del bloque. Esta discrepancia de carga fiscal resalta una presión impositiva desproporcionada que podría complicar aún más el panorama si el acuerdo se lleva a cabo. Ambos países se enfrentan a un dilema: deben encontrar un equilibrio entre reducir la carga fiscal sobre el sector agrícola o aumentar los subsidios para mantener la competitividad frente a las importaciones competitivas del Mercosur. Ambas opciones plantean riesgos fiscales en contextos económicos ya frágiles.
El potencial para la economía argentina
El impacto del acuerdo también podría ser significativo para Argentina. Según el especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo, toda la cadena de agronegocios, que incluye desde alimentos hasta minerales y energía, tiene mucho que ganar si el acuerdo se materializa. La búsqueda de Europa de proveedores alternativos tras la crisis de aprovisionamiento de Rusia podría abrir las puertas para que Argentina se convierta en un socio comercial clave.
Elizondo destaca que la posibilidad de inversiones europeas en Argentina para la producción de minerales y energía puede cambiar el panorama económico del país. Con la UE ya siendo el mayor inversor externo en Argentina, un acuerdo formal podría resultar en un acceso ampliado al mercado europeo, así como en el establecimiento de nuevas inversiones.
El entusiasmo en el agro y las industrias alimentarias
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA), expresó que aunque los beneficios inmediatos para el sector cerealero-oleaginoso pueden no ser evidentes, a largo plazo el acuerdo significaría la eliminación de derechos de importación para aceites, un área donde Argentina presenta una ventaja competitiva. Este acceso a un mercado de alto valor adquisitivo atraería más inversiones al sector.
Carla Bonito, presidenta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), destacó que el acuerdo es «largamente esperado» y crucial para el sector alimentario. En 2024, las exportaciones de alimentos y bebidas a la Unión Europea alcanzaron un valor de 3.700 millones de dólares, representando el 12% del total de exportaciones de la industria. Este hecho subraya la relevancia del acuerdo, no solo para la generación de ingresos, sino también para la sostenibilidad futura de la industria alimentaria en el país.
La industria automotriz y la transferencia de tecnología
Desde la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), se valora la posibilidad de un acuerdo con la UE como una oportunidad para el intercambio tecnológico y la transferencia de recursos. Esto puede ser particularmente beneficioso, dado que muchas empresas argentinas tienen vínculos con casas matrices en Europa, lo que podría facilitar una colaboración más estrecha en investigación y desarrollo.
Sin embargo, no todos opinan de manera positiva. Daniel Rosato, líder de Industriales Pymes Argentinas (IPA), advierte que si bien el acuerdo puede ofrecer oportunidades, también podría abrir la puerta a importaciones desleales, especialmente en un contexto de “importaciones indiscriminadas”. Resalta que el enfoque debería estar en cómo el acuerdo puede servir para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales del país, siempre que se reduzcan las asimetrías y se busquen políticas compensatorias para los sectores más vulnerables.
La mirada optimista desde el agro y la industria sugiere que el tratado con la Unión Europea podría generar un impacto positivo en varios sectores de la economía argentina, ofreciendo no solo un acceso renovado a mercados, sino también la oportunidad de atraer inversiones que podrían transformar la infraestructura productiva del país.