La recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos durante el primer trimestre del año ha generado serias preocupaciones entre los gobernadores de las provincias argentinas. Los datos indican que, si la tendencia actual persiste, estas regiones podrían verse en la necesidad de buscar apoyo económico adicional del Gobierno nacional para hacer frente a sus gastos en 2026. Este panorama se agrava debido a una baja actividad económica que afecta las finanzas provinciales.
Datos alarmantes de la recaudación
Según informes de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), la recaudación acumulada entre enero y marzo alcanzó casi $6 billones, lo que representa un incremento del 1,1% interanual. Además, las provincias lograron sumar $3,7 billones adicionales en sus propios territorios, llevando el total a aproximadamente $9,7 billones. Sin embargo, este incremento es insuficiente para aliviar la presión fiscal que enfrentan las administraciones provinciales.
La dinámica del sistema de recaudación puede entenderse a través de un proceso que actúa como un clearing de impuestos. En este esquema, cuando una empresa de una jurisdicción A factura a un cliente en la provincia B, cobra el Impuesto a los Ingresos Brutos, y viceversa. El sistema de la COMARB se encarga de transferir a cada jurisdicción la diferencia que les corresponde.
El impacto de las retenciones y anticipos
Un factor crucial en la recaudación de Ingresos Brutos ha sido la implementación de sistemas que retienen automáticamente montos de las cuentas bancarias de los contribuyentes a modo de anticipos. Sin embargo, esto ha generado saldos a favor para muchas empresas que, por lo general, experimentan demoras en el reintegro de estos montos por parte de las provincias.
A pesar de que el sistema COMARB ha incrementado su alcance en los últimos años, actualmente, el 63% de lo recaudado por Ingresos Brutos proviene de este mecanismo. En contraste, solo un 37% se obtiene de contribuyentes que operan exclusivamente dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Caída en los anticipos de cuentas bancarias
Un informe reciente, elaborado por Guillermo Michel, ex titular de la Aduana y actual diputado, ha resaltado una tendencia negativa: la recaudación generada a través de retenciones bancarias está experimentando una desaceleración. Por ejemplo, el sistema SIRCREB, que establece anticipos automáticos cuando una cuenta bancaria registra ingresos, mostró una baja real del 7% en el primer trimestre.
Varios sistemas adicionales también han experimentado caídas significativas:
- SIRCAR (agentes de recaudación de Ingresos Brutos): disminución del 7%.
- SIRTAC (percepciones a través de tarjetas de crédito): caída del 8%.
- SIRPEI (cobro de Ingresos Brutos a importaciones): desplome del 13%.
Curiosamente, el sistema SIRCUPA, que retiene sobre cuentas de pago (billeteras virtuales), experimentó un incremento del 166% debido a su reciente adopción por parte de la provincia de Buenos Aires.
El panorama en relación con la coparticipación
La situación se complica aún más al considerar que los ingresos por coparticipación también sufrieron una caída del 6,4% en términos reales durante el primer trimestre. Según Michel, con el riesgo país superando los 600 puntos, resulta inviable acceder al mercado de capitales, lo que obliga a las provincias a depender en gran medida de los adelantos de coparticipación del Tesoro Nacional.
El rendimiento en febrero
Los datos de recaudación en febrero también son preocupantes. Según la consultora Politikon Chaco, la provincia de Buenos Aires recaudó $961.709 millones, un 7% menos en términos reales respecto al año anterior. En la Ciudad de Buenos Aires, la caída fue del 7,9% con un total de $973.722 millones, mientras que Córdoba recaudó $242.946 millones, experimentando una reducción del 4,1%.
El análisis de estos números revela una tendencia preocupante que podría traducirse en un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas si las provincias no logran revertir esta situación. Con la incertidumbre económica actual, los gobernadores enfrentan un delicado equilibrio entre financiar los servicios públicos y no ahogar a la economía provincial.
Este escenario sugiere que el futuro fiscal de las provincias dependerá en gran medida de una combinación de esfuerzos para mejorar la recaudación y la necesidad de acuerdos con el Gobierno nacional para asegurar la estabilidad económica necesaria para 2026 y más allá.