El reciente cambio en la regulación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana ha generado un importante debate. El Gobierno nacional, a través del Decreto 805/2025, ha convalidado un texto actualizado del “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221. Esta actualización se enmarca en un contexto que implica la futura privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
Detalles del Decreto y su Contexto
El Gobierno nacional aprobó el pasado 13 de noviembre el nuevo texto del Anexo 2 “Marco Regulatorio” que regula la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. Este decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, siendo publicado oficialmente en el Boletín Oficial.
Este nuevo marco reemplaza un texto anterior y ordena las modificaciones que habían sido introducidas por otros decretos recientes, lo que lo convierte en un documento clave dentro del proceso de privatización de AySA. Se detallan diversas correcciones técnicas, como una enmienda en el artículo 20 del Anexo E, que clarifica el concepto de “cargo por construcción”, corrigiendo una inversión en los términos “medido” y “no medido” en el cálculo de facturación.
Principios del Marco Regulatorio
El documento reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental, subrayando la necesidad de que el servicio se brinde “de manera justa, eficiente y profesional”. Este enfoque resulta crucial ya que establece principios rectores para la prestación del servicio, que incluyen:
- Eficiencia
- Equidad
- Continuidad
- Transparencia
- Calidad
- Acceso universal
De este modo, se busca asegurar tarifas “justas y razonables” que permitan el mantenimiento de costos operativos y las inversiones necesarias para el servicio.
Ámbito Territorial de Aplicación
El nuevo marco regula el servicio dentro de un ámbito territorial que abarca no solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también numerosos partidos de la provincia de Buenos Aires, destacando los siguientes municipios:
- Almirante Brown
- Avellaneda
- Esteban Echeverría
- Ezeiza
- Escobar
- Florencio Varela
- General San Martín
- Hurlingham
- Ituzaingó
- José C. Paz
- La Matanza
- Lanús
- Lomas de Zamora
- Malvinas Argentinas
- Merlo
- Moreno
- Morón
- Pilar
- Presidente Perón
- Quilmes
- San Fernando
- San Isidro
- San Miguel
- Tigre
- Tres de Febrero
- Vicente López
Este extenso ámbito territorial reafirma la importancia del marco regulatorio, considerando que son millones los habitantes que dependen de estos servicios.
Regulación de Entes y Ramas Administrativas
Se establece también la regulación de los distintos entes que intervendrán en la supervisión y planificación del servicio. Las entidades nombradas son el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). Estos serán responsables de asegurar el cumplimiento de la normativa y de fomentar una adecuada administración del servicio.
Proceso de Privatización de AySA
La actualización del marco regulatorio se inserta dentro de un contexto legislativo más amplio, en el que la Ley 27.742 establece a AySA como “sujeta a privatización”. Este marco legal otorga al Poder Ejecutivo la potestad de llevar a cabo el proceso de privatización en un plazo de ocho meses, asegurando una gestión que se adhiera a principios de transparencia, competencia y máxima concurrencia.
Para garantizar la eficacia de estos cambios, el Ministerio de Economía, mediante la Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, está coordinando todas las acciones necesarias para concretar la venta de AySA, asegurando así la continuidad y mejora de los servicios.
Implicaciones para los Usuarios
Los cambios introducidos en el marco regulatorio tienen implicaciones significativas para los usuarios del servicio de agua. Se espera que este nuevo enfoque genere un entorno más favorable para el acceso al agua potable, enfatizando la transparencia y un mejor control.
Los usuarios podrán esperar un servicio que garantice no solo la calidad del agua, sino también tarifas que sean sostenibles y alineadas con los costos del servicio, todo en un marco de equidad y eficiencia. Por tanto, este cambio busca mejorar la cobertura del servicio y adaptarse a las crecientes demandas de una población en expansión.
En resumen, la actualización del “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221 representa un paso crucial en la reorganización del servicio de agua potable y desagües en Argentina, donde la lucha por el acceso justo y efectivo a este recurso vital continúa siendo una prioridad estatal. La mirada está ahora sobre cómo se implementarán estos cambios y cómo afectarán la vida de los argentinos en el corto y mediano plazo.