Un escándalo de privatización está generando controversia en Argentina, especialmente en el ámbito del sector energético. Recientemente, se ha revelado que el grupo Neuss, afiliado al ecosistema libertario que lidera el país, ha implementado tácticas históricas asociadas a las privatizaciones argentinas. La operación que ha levantado las alarmas implica que más de dos tercios del financiamiento para la compra de Transener se originó en los propios fondos de la empresa, transformando así la dinámica de este proceso de privatización.
El proceso de privatización de Transener
La venta de Transener se formalizó en mayo de este año, cuando el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, decidió desvincularse de la participación que Energía Argentina S.A. (ENARSA) tenía en Citelec, la compañía controladora de Transener. A cambio de esta participación, el grupo liderado por Juan y Patricio Neuss, junto con Genneia, desembolsó u$s356,1 millones. Esta transacción no solo representó un cambio de manos en la propiedad, sino que también desató una serie de acontecimientos que han provocado un profundo debate sobre la transparencia y las prácticas comerciales en el ámbito energético.
Reparto de dividendos millonarios
Un aspecto crucial de esta operación fue el anuncio del directorio de Transener, quien días después de la confirmación del traspaso, decidió distribuir $253.535.989.514 en dividendos. De acuerdo con el comunicado emitido el 27 de agosto, estos fondos fueron extraídos mediante una «desafectación parcial de la cuenta de reserva destinada al pago de futuros dividendos». Este reparto ha desatado críticas, ya que el monto distribuido equivale a aproximadamente dos tercios de lo que los nuevos propietarios pagaron al Estado argentino por Transener.
El directorio de Transener, que ahora cuenta con los Neuss al mando, se enfrentó a cuestionamientos sobre la ética y la transparencia de este acto, dado que los nuevos propietarios son quienes decisiones recientes, sin haber generado directamente esos ingresos.
Contexto de la política energética en Argentina
La privatización de Transener no se puede entender fuera del contexto más amplio de la política energética del país. Este movimiento se inscribe dentro de un esquema ideológico que busca eliminar la intervención estatal en sectores clave de la economía, en gran medida presionado tanto por grupos empresariales locales como por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han estado favoreciendo la privatización como parte de un programa de ajuste fiscal.
Transener opera prácticamente el 85% de la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión en Argentina, lo que hace que su control por parte de un conglomerado privado despierte inquietudes sobre su futuro manejo. La compañía es dueña de más de 12.000 kilómetros de líneas de 500 kV, y su reestructuración en manos privadas plantea interrogantes sobre la estrategia energética del país.
Una licitación rodeada de polémica
Durante el proceso de licitación, se presentaron tres ofertas: Edenor, que ofreció u$s230 millones, Central Puerto con u$s301 millones, y el consorcio de Genneia y Edison Transmisión, que finalmente ganó con u$s356.174.811,78. Sin embargo, la apertura de sobres no estuvo exenta de conflictos; inicialmente, las ofertas de Edenor y Central Puerto aparecieron como ganadoras antes de que la propuesta de los Neuss fuera visible, lo que generó sospechas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
La Comisión Evaluadora del concurso confrontó tales irregularidades, pero todos los oferentes aceptaron los resultados sin impugnar el proceso, lo que deja abiertas las puertas a futuras interrogantes sobre la legalidad y ética del mismo.
Implicaciones a futuro del reparto de dividendos
La reciente distribución de dividendos ha reavivado el debate sobre el valor de la privatización. Muchos sostienen que el precio por el que se privatizó Transener no refleja su verdadera valoración, dado que la compañía continúa generando ganancias sustanciales. Esto contradice la narrativa libertaria que sostiene que las empresas estatales son inherentemente ineficientes y subraya las dudas sobre la motivación detrás de la venta.
A pesar de que el Estado ha vendido su participación mayoritaria en Citelec, todavía posee 87.043.370 acciones Clase B en Transener a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, lo que indica que la relación entre el sector público y este activo estratégico no ha terminado del todo.
La reconfiguración del sector energético
La licitación y la posterior privatización de Transener son más que un simple traspaso de propiedad; representan una significantiva reconfiguración del poder dentro del sector energético de Argentina. Los Neuss y Genneia, junto a Edison Energía, han mostrado un interés creciente en aprovechar los recursos del sector. La colaboración entre estos conglomerados refleja no solo su capacidad, sino también sus intenciones de influenciar y dominar la red eléctrica del país.
Este caso no solo pone en entredicho la ética de las decisiones tomadas por el gobierno en torno a activos estratégicos, sino que también invita a la población a reflexionar sobre lo que significa permitir que los intereses privados controlen sectores esenciales como la energía. La privatización, presentada en muchos casos como la solución a problemas económicos, podría traer consigo más interrogantes que respuestas, especialmente en un contexto donde el acceso a la energía es vital para el desarrollo del país.