La cooperativa láctea Sancor se encuentra en la encrucijada de un nuevo escándalo que podría profundizar aún más su crisis financiera. En un contexto donde la producción láctea es vital para la economía de miles de trabajadores, un dictamen del Ministerio Público Fiscal ha solicitado el procesamiento de dos expresidentes del Consejo de Administración por presuntas irregularidades en la gestión de aportes a la seguridad social. Esta situación ha despertado un amplio debate sobre la responsabilidad empresarial y la ética en la administración de recursos que pertenecen a los empleados.
Una historia de crisis y reestructuración
Sancor atraviesa una crisis prolongada que se ha acentuado en los últimos años. Desde 2017, la cooperativa ha tenido que vender activos y hacer frente a bloqueos sindicales que llegaron a paralizar sus plantas entre octubre de 2023 y julio de 2024. A pesar de estas dificultades, la entidad logró reagruparse en 2025, cuando los socios aprobaron la presentación de un concurso preventivo para evitar la quiebra y asegurar la continuidad de su operación.
A pesar de los obstáculos, Sancor ha reactivado parte de su producción mediante acuerdos a fazón, lo que le ha permitido poner en marcha seis plantas y procesar entre 550.000 y 600.000 litros de leche por día. Esta reactivación también se ha reflejado en una mejora de la facturación entre mayo y octubre, aunque se enfrenta a una creciente preocupación por la obligación legal de asegurar que todos los aportes correspondientes a los trabajadores sean depositados debidamente.
Detalles del dictamen fiscal
El dictamen firmado por el fiscal Jorge Gustavo Onel ha sido enviado al Juzgado Federal de Rafaela, donde se pide el procesamiento de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes ocuparon la presidencia de la cooperativa durante períodos críticos. Según la investigación, ambos estarían implicados en la apropiación indebida de recursos de la seguridad social debido a la retención de aportes a los trabajadores que no fueron ingresados en los plazos estipulados. En total, se estima un monto aproximado de $128,7 millones en aportes no depositados.
Casos de imputación
- José Pablo Gastaldi: Atribuciones por siete hechos vinculados a los años 2020 y 2021.
- Alberto Eduardo Sánchez: Imputaciones por dieciséis hechos entre noviembre de 2022 y enero de 2024.
Ambos expresidentes se presentaron a declarar el 12 de noviembre de 2025, pero optaron por abstenerse de declarar, lo que ha generado aún más especulaciones sobre la dirección que tomará este caso.
El impacto en la cooperativa y el sector lácteo
La situación se encuentra en un punto crítico no solo para la cooperativa, sino también para el sector lácteo en general. La fiscalía ha decidido no solicitar medidas cautelares gravosas en este momento, sugiriendo que ambas figuras tienen un arraigo suficiente y carecen de antecedentes. Sin embargo, la materia penal sigue en la agenda, y el fallo del juez será vital.
Un punto clave a debatir es la diferencia entre una dificultad de caja general y una decisión administrativa con implicancias penales. Si el tribunal opta por el procesamiento, esto podría abrir diversas vías para embargos y una investigación más profunda sobre los aspectos patrimoniales de los implicados. En caso contrario, la disputa podría centrarse en la administración y las posibles fallas en la gestión de la cooperativa.
Perspectivas futuras
El impacto de la decisión del juez federal de Rafaela será decisivo no solo para Gastaldi y Sánchez, sino también para la futura gestión de Sancor. La cooperativa se enfrenta al desafío de mantener su producción y empleo en un contexto de márgenes ajustados. Mientras tanto, la presión sobre sus líderes y la administración de recursos sigue aumentando.
La resolución que emprenda el juzgado podría marcar un antes y un después en la historia reciente de Sancor. La fiscalía ha dejado en claro que la materialidad de los hechos está acreditada, y la responsabilidad penal de quienes han liderado la cooperativa es ahora parte del debate judicial.
En última instancia, la situación de Sancor refleja las dificultades que enfrentan muchas cooperativas en su camino hacia la sostenibilidad y el éxito en un entorno económico cada vez más desafiante. La mirada está ahora fija en cómo se desarrollará este proceso judicial y qué implicaciones tendrá no solo para los imputados, sino también para el futuro de una de las cooperativas más emblemáticas del país.