El ámbito energético en el país ha dado un giro significativo tras la reciente implementación de nuevas normativas que afectan la exportación de hidrocarburos. Con la aprobación de la Resolución 166/2026 por parte de la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional ha mostrado un claro compromiso hacia la desregulación del sector energético, facilitando el proceso para la comercialización de petróleo, gasolinas y otros combustibles en el mercado exterior.
Principales cambios introducidos por la normativa
El nuevo régimen establece un marco que busca reducir la intervención estatal en las exportaciones de hidrocarburos, centrando su papel en dos objetivos clave: garantizar el abastecimiento interno y asegurar la seguridad energética. La administración ha afirmado que estas modificaciones están alineadas con los principios del libre mercado y la libre competencia estipulados en el decreto 70/2023 y la Ley Bases.
Una de las innovaciones más destacadas es la creación del Registro de Operaciones de Exportación, gestionado por la Subsecretaría de Hidrocarburos. Este registro se encargará de la carga de notificaciones de exportación, de cualquier objeción que pueda surgir y de la emisión de las Constancias de Libre Exportación, documentos indispensables para el nuevo circuito administrativo.
Productos incluidos en el nuevo régimen
La resolución abarca la exportación de diferentes hidrocarburos y sus derivados. Entre los productos que se verán afectados se incluyen:
- Aceites crudos de petróleo y de mineral bituminoso.
- Gasolinas (con la excepción de las de aviación).
- Gasoil.
- Propano.
- Butano.
- Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Una de las modificaciones más significativas es la derogación de la Resolución 241/2017, que limitaba a los exportadores obligándolos a demostrar previamente que habían ofrecido sus productos al mercado interno. Según el Gobierno, este procedimiento había generado distorsiones en el mercado y no representaba una medida efectiva para asegurar el abastecimiento local.
Nuevo procedimiento para la exportación
En el marco de la reforma, los permisionarios y concesionarios ahora podrán comercializar y exportar hidrocarburos bajo un modelo de «no objeción». Los trámites se gestionarán a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). La Secretaría de Energía contará con un plazo de 30 días hábiles para objetar exportaciones de petróleo, gasolinas y gasoil, y de 7 días hábiles para las de propano, butano y GLP.
Si la autoridad no se pronuncia dentro de esos plazos, el silencio administrativo positivo permitirá que el exportador proceda a solicitar la Constancia de Libre Exportación, que dará luz verde a las operaciones a lo largo del programa de embarques.
Criterios para la objeción de exportaciones por parte del Gobierno
A pesar de la flexibilización que introduce el nuevo esquema, la Subsecretaría de Hidrocarburos mantiene la facultad para rechazar ciertas exportaciones en situaciones específicas. Los motivos incluyen:
- Incapacidad para abastecer el mercado interno en condiciones económicas razonables.
- Presentación de información falsa o inconsistente, o falta de acreditación de reservas en contratos a largo plazo.
- Identificación de prácticas anticompetitivas o fluctuaciones imprevistas y significativas en los precios internos.
Para los contratos de exportación que superen los 12 meses, la normativa requiere documentación adicional, como contratos firmados y proyecciones de reservas probadas. En el caso de proyectos que precisen nuevas infraestructuras, dichos procedimientos se coordinarán con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar la implementación de nuevas iniciativas.
La resolución representa un cambio significativo en la política energética del país, promoviendo una mayor apertura y competitividad en el sector. Sin embargo, la continua supervisión estatal reflejada en los nuevos procedimientos parece buscar un equilibrio entre el fomento del libre comercio y la protección del mercado interno, un objetivo que se torna vital en un contexto económico volátil y de fluctuaciones de precios constantes.
Con esta movida, el Gobierno espera no solo optimizar las operaciones comerciales en el sector de hidrocarburos, sino también avanzar hacia un modelo que promueva el crecimiento sostenible en la industria energética nacional. En un mundo donde la oferta y demanda de energéticos son cada vez más cambiantes, estas reformas podrían ser clave para adaptarse a un entorno global competitivo.