El reciente anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, ha puesto las privatizaciones en el centro de la estrategia financiera del Gobierno argentino. Durante una presentación sobre el programa de financiamiento para los años 2026 y 2027, Caputo dio a conocer que el Ejecutivo espera recaudar 2.300 millones de dólares a través de la venta de activos estatales, fondos que serán destinados principalmente al pago de vencimientos de deuda. Este movimiento se da en un año marcado por eventos electorales, lo que añade un componente de urgencia a la situación fiscal del país.
Objetivos financieros y proyecciones
El esquema propuesto por el Gobierno prevé ingresos de 800 millones de dólares en 2026 y de 1.500 millones en 2027. Estos fondos se sumarán a otras vías de financiamiento, que incluyen colocaciones de deuda en el mercado local, préstamos de organismos multilaterales y emisiones de bonos en dólares. La idea fundamental detrás de esta estrategia es cubrir los compromisos de deuda sin depender de financiamiento internacional, mientras se busca reducir el riesgo país y recuperar el acceso al crédito externo en condiciones más favorables.
El programa incluye varias empresas estatales en proceso de privatización, destacando AySA, Belgrano Cargas, Intercargo y las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Sin embargo, cada uno de estos casos avanza a diferente ritmo.
AySA: la privatización más avanzada
Dentro del plan de privatizaciones, AySA lidera el proceso. Esta empresa fue declarada «sujeta a privatización» mediante la Ley Bases, y recientemente se autorizó la transferencia del 90% del capital accionario. La apertura de ofertas está programada para fines de agosto, y el Gobierno ha recurrido a la justicia para sortear una medida cautelar que había temporalmente frenado el proceso, asegurando que esto no afectará el cronograma.
La licitación se llevará a cabo sin un precio base, y los requisitos para los postulantes incluyen experiencia comprobable en gestión de sistemas de agua potable y saneamiento. Se permite la participación de consorcios y fondos de inversión, pero se excluyen a entidades controladas por gobiernos extranjeros y empresas con antecedentes de corrupción.
Esquema de licitación y cobertura del servicio
La privatización se estructurará en dos fases: en la primera, se venderá al menos el 51% a un operador estratégico, y posteriormente se ofrecerán el resto de las acciones en el mercado de capitales. AySA actualmente proporciona servicio de agua a más del 85% de la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense, alcanzando una cobertura de más del 70% en saneamiento.
Belgrano Cargas: en preparación para la licitación
Belgrano Cargas también se encuentra en una etapa avanzada, con los pliegos en revisión final antes de su publicación. Este proyecto contempla dividir la licitación en tres procesos independientes: administración de vías, talleres y material rodante. El sistema de acceso abierto permitirá que diferentes operadores puedan utilizar la red ferroviaria mediante el pago de un canon, lo que ha despertado el interés de grandes exportadoras de granos y empresas logísticas. Sin embargo, se estima que se requerirán cientos de millones de dólares en inversión para modernizar la infraestructura existente.
Otros procesos en marcha
El caso de Intercargo muestra una realidad distinta. La licitación del 25 de julio pasado resultó desierta, ya que ninguna empresa presentó ofertas que cumplieran los requisitos. Este revés obliga al Gobierno a reevaluar las condiciones del proceso o a abrir una nueva convocatoria. En cuanto a las centrales termoeléctricas, los equipos técnicos están en la fase preparatoria para lanzar las licitaciones en un futuro cercano.
Asimismo, el proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA) se mantiene en pausa debido a cambios en la dirección de la entidad. La venta de Metrogas por parte de YPF también se encuentra en una fase de due diligence, con ofertas ya recibidas de 13 empresas, lo que podría concretarse en 2026.
Impacto y objetivos de las privatizaciones
La meta de recaudar fondos mediante las privatizaciones se inscribe en un contexto más amplio. Se busca evitar recurrir nuevamente a los mercados internacionales para financiar deudas a tasas que rondan el 8% o más. Los ingresos previstos de la venta de activos también son clave para mantener el equilibrio fiscal, un aspecto que ha demostrado ser vital, especialmente en un período donde el superávit primario y financiero han mostrado caídas alarmantes.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los ingresos extraordinarios por privatizaciones han sido esenciales para sostener el superávit durante el primer semestre del año. Sin estos aportes, el superávit primario habría caído un 37.6% y el financiero un impresionante 88.7% en comparación con años anteriores.
En definitiva, la estrategia de privatizaciones del Gobierno argentino no solo se articula en torno a la obtención de recursos financieros, sino que también se presenta como un componente necesario para mantener la estabilidad fiscal sin recurrir a ajustes que puedan afectar aún más la actividad económica y la recaudación tributaria.
Las privatizaciones, pues, se han convertido en un pilar fundamental para sustentar el programa económico del país en un panorama marcado por desafíos financieros y políticos.