A pocas horas de la marcha universitaria programada, el Gobierno argentino ha oficializado un drástico ajuste en el presupuesto educativo, que implica recortes por un total de $78.000 millones. Además, se ha decidido reducir el gasto en infraestructura universitaria en $5.300 millones. Estas acciones forman parte de una modificación al Presupuesto de 2026, que fue aprobado hace apenas cuatro meses y es el primero durante la presidencia de Javier Milei.
Detalles de la decisión administrativa
Los cambios fueron formalizados en la decisión administrativa 20/2026, que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según fuentes cercanas, Caputo había solicitado a sus ministros un plan de recortes a finales de abril, ante un contexto critico.
El ajuste presentado responde a un significativo estrés fiscal que el gobierno está enfrentando debido a la disminución en la recaudación, a pesar de subestimar la inflación en los cálculos presupuestales. Para lograr un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026, se ha ordenado un recorte adicional del 20% en el gasto de capital y del 2% en el gasto corriente.
Recursos y gastos modificados
La nueva ronda de ajustes ha resultado en un aumento de recursos por $564.917 millones (+0,4% respecto a los recursos previos) y una reducción de gastos de $2.439.416 millones (-1,6%). Esto ha llevado a un mejoramiento del superávit financiero en $3 billones, que pasó de $226.469 millones a $3,2 billones, según revela la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Los ministerios más afectados por estos recortes incluyen:
- Obligaciones a cargo del Tesoro: -$1,4 billones
- Ministerio de Economía: -$521.000 millones
- Ministerio de Interior: -$320.000 millones
- Ministerio de Salud: -$70.000 millones
Por el contrario, el Poder Judicial se ha visto beneficiado con un aumento de $65.000 millones, junto con el Ministerio de Justicia, que recibió $35.000 millones adicionales.
Afectaciones al sector educativo
El sector educativo ha sido severamente impactado por estos recortes, específicamente en el Ministerio de Capital Humano, donde la secretaría de Educación ha sufrido el mayor ajuste, ascendiendo a $78.000 millones. Los programas y partidas más significativamente afectados incluyen:
- Plan Nacional de Alfabetización: -$35.000 millones
- Infraestructura y equipamiento: -$21.600 millones
- Fondo de Compensación Salarial Docente: -$8.900 millones
- Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: -$6.600 millones
Desde el ámbito del Ministerio de Economía, este recorte mayormente afecta al programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Social y Sanitaria, que involucra obras en universidades que se detuvieron al inicio de la gestión actual. De un presupuesto legal de $9.164 millones, se ha reducido en más de $5.300 millones (-82,9%).
Impacto en las universidades
Los recortes han golpeado especialmente a diversas universidades, incluidas las de la provincia de Buenos Aires. Universidades como la Universidad Nacional de La Plata han visto reducidas sus asignaciones en $1.000 millones, mientras que las Universidades de Avellaneda y General San Martín han tenido ajustes de $700 millones y la Universidad Nacional de José C. Paz ha perdido $300 millones. Algunas universidades de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes también han sentido el impacto.
Por otro lado, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) fue otra de las afectadas, aunque la Universidad de Buenos Aires (UBA) no experimentó recortes significativos debido a la ausencia de obras asociadas a los préstamos mencionados.
Reducciones en otros sectores
Los recortes no se limitaron al ámbito educativo. En el área de Salud, por ejemplo, ha habido disminuciones en el acceso a medicamentos por $20.000 millones, así como en los fondos destinados a provincias y programas de prevención de enfermedades.
Adicionalmente, el Poder Legislativo ha visto un ajuste de $14.400 millones, mientras que la Secretaría de Cultura, bajo la Presidencia de la Nación, ha sufrido reducciones de $2.800 millones. Curiosamente, el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no experimentó recortes, lo que ha suscitado una considerable controversia.
Estos ajustes indican un movimiento político significativo y generarán sin duda notables repercusiones en la estructura educativa y en la atención de salud en el país, especialmente en un contexto donde la recaudación sigue cayendo y la inflación sigue mermando las posibilidades de desarrollo. La situación seguirá siendo un tema caliente tanto en debates legislativos como en luchas sociales por defender el financiamiento de los servicios públicos esenciales.