El reciente informe titulado “Panorama económico de América Latina y el Caribe: Revisitando la política industrial”, presentado por el Banco Mundial durante las reuniones de primavera en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destaca una crítica sobre uno de los esquemas de política industrial más cuestionados de Argentina. En este contexto, el régimen de promoción de Tierra del Fuego, diseñado en 1972, es señalado como un claro ejemplo de política industrial fallida debido a las continuas interferencias políticas y deficiencias estructurales que han persistido a lo largo de las décadas.
Un régimen en la cuerda floja
El informe revela que el costo fiscal que genera el régimen en Tierra del Fuego asciende aproximadamente a 1.070 millones de dólares anuales. Esta cifra, obtenida de un estudio del centro de investigación Fundar basado en datos hasta 2023, resalta la carga significativa que supone este esquema para las finanzas del país. El análisis del Banco Mundial critica que, si bien la población de Tierra del Fuego se ha incrementado de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022, el beneficio económico real de este crecimiento es muy limitado.
Las expectativas iniciales del régimen, entre las cuales se encontraba el desarrollo industrial y la mejora de la productividad, no han sido cumplidas. A pesar de representar un aumento demográfico importante, la productividad y el desarrollo tecnológico en la región han enfrentado estancamiento. Este desenlace suscita preocupaciones sobre la eficacia de un sistema de incentivos que no ha logrado promover la competitividad de las industrias implicadas.
Los efectos del régimen sobre la industria local
Uno de los elementos destacados en el informe es que el régimen no ha propiciado mejoras en la calidad de los productos ofrecidos por la industria electrónica local. Aunque se han otorgado beneficios considerables a estas empresas, no se ha registrado un avance significativo en la capacidad exportadora del sector. El informe menciona que, a pesar del apoyo continuo, no se han establecido condiciones de desempeño claras que permitan evaluar el rendimiento de las empresas beneficiarias. En varias ocasiones, el régimen ha sido prorrogado, la última vez en 2021, hasta 2038, perpetuando así una situación de incentivos que afectan negativamente el desarrollo industrial.
En este contexto, el documento también alerta sobre el riesgo de generar incentivos perversos al proporcionar apoyo ilimitado, lo que podría desvirtuar por completo los objetivos iniciales del régimen. Este fenómeno se traduce en una dependencia económica que no facilita la transición hacia un modelo productivo más autónomo y sostenible.
Impacto socioeconómico y fiscal del régimen
Desde una perspectiva fiscal, el impacto del régimen en las cuentas públicas es notable: representa aproximadamente el 0,22% del Producto Interno Bruto (PBI) de Argentina. Esta cifra es superior al doble del presupuesto del Conicet y se aproxima al 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología de la nación. La pregunta que surge es: ¿vale la pena continuar con un esquema que no ha generado resultados significativos en términos de desarrollo económico?
Los consumidores en Tierra del Fuego han enfrentado precios más altos en productos electrónicos debido al esquema de protección impuesto. A lo largo de las décadas, este costo ha recaído directamente sobre la población, lo que ha levantado voces críticas que abogan por una revisión crítica del régimen. Es relevante destacar que la calidad de los bienes, medida a través del valor unitario de exportación, sugiere que la industria local ha fracasado en establecer un estándar competitivo, en comparación incluso con sectores como el del vino de alta gama.
Reflexiones sobre el futuro del régimen
El informe del Banco Mundial no es solo una crítica al estado actual del régimen de Tierra del Fuego, sino también un elemento que reabre el debate sobre la necesidad de una reforma integral en la política industrial argentina. Se plantea un interrogante clave: ¿cómo asegurar que las políticas de desarrollo productivo en el siglo XXI se alineen con la innovación y la competitividad global?
El régimen es descrito como “un testimonio de aquello que la política de desarrollo productivo no debería ser en el siglo XXI”, resaltando su incapacidad para fomentar la agregación de valor o establecer un horizonte claro para su eventual finalización. A medida que el contexto económico mundial evoluciona, queda claro que el enfoque actual podría ser insuficiente para enfrentar los desafíos del futuro.
Es fundamental que las políticas de desarrollo se centren no solo en el crecimiento demográfico, sino en la creación de un ecosistema productivo dinámico y sostenible. La revisión de estas políticas podría sentar las bases para la creación de un sector industrial más robusto y con capacidad de competir en el escenario internacional.
El análisis del Banco Mundial sobre el régimen de Tierra del Fuego llama a una reflexión crítica sobre su continuidad y eficacia, sugiriendo que quizás ha llegado el momento de replantear el enfoque de la política industrial en Argentina, orientándolo hacia un desarrollo que impulse la competitividad económica y la sostenibilidad social.