En un reciente desarrollo en el ámbito vitivinícola, una nueva norma ha generado un amplio debate respecto a la regulación del sector, que busca modernizar y simplificar los procesos en la industria del vino. Esta normativa deroga una serie de resoluciones anteriores y redefine el alcance de la intervención del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), lo que ha suscitado reacciones encontradas entre productores y autoridades.
El marco normativo y la propuesta de desregulación
La nueva regulación propuesta por el Gobierno se orienta a desplazar un esquema de control exhaustivo sobre las materias primas hacia un enfoque más centrado en el producto final. Esto se sustentaría en la implementación de declaraciones digitales y mecanismos de fiscalización posteriores, lo que permitiría una mayor agilidad en los procesos productivos.
No obstante, el cambio ha encontrado resistencia en el sector vitivinícola, en particular entre productores primarios y asociaciones que los representan. Estas entidades han expresado su preocupación, considerando que estas modificaciones podrían poner en riesgo aspectos críticos como la transparencia, trazabilidad y protección de los derechos económicos de los vitivinicultores.
Resistencia judicial y críticas al nuevo Digesto
Cuatro organizaciones del sector, entre las que se destacan la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, decidieron llevar su protesta a la justicia. Argumentaron que ciertos aspectos de la resolución presentada por el INV representaban riesgos significativos para la industria.
El resultado de esta acción fue una medida cautelar que, aunque no ha resuelto el fondo de la cuestión, suspendió parcialmente la aplicación de la nueva norma a partir del 1 de enero de 2026. Este fallo no anuló la Res 37/2025 ni bloqueó el nuevo Digesto en su totalidad, sino que definió aquellos aspectos que quedaban sujetos a la suspensión.
Aspectos clave de la controversia
El centro del conflicto se encuentra en dos puntos cruciales de la normativa, que han sido sometidos a revisión judicial y no podrán aplicarse desde el inicio del nuevo año. El primero de ellos es la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento fundamental que certifica volúmenes, procedencia y destino de la materia prima. Para los productores, el CIU no solo es un requisito administrativo; se considera una herramienta esencial para resguardar contratos, pagos y derechos sobre su producción.
La Resolución 37/2025 proponía reemplazar este certificado obligatorio por mecanismos de registración voluntarios y más flexibles, lo que generó un rechazo considerable que finalmente fue confirmado por la justicia al suspender dicha eliminación.
El segundo aspecto que será mantenido en vigor es el régimen de declaraciones juradas de elaboración, especialmente el formulario CEC 05. La regulación del INV introducía cambios que buscaban simplificar procedimientos y disminuir exigencias formales, pero la medida cautelar también alcanzó este punto, manteniendo vigente el esquema anterior.
El impacto en la próxima vendimia
La medida cautelar del poder judicial tiene un impacto inmediato en la operación de la próxima vendimia, que comenzará a finales de febrero. Para los viñateros, esto implica que el sistema de certificación y declaración conocido no cambiará drásticamente. Aunque el INV y el Gobierno defienden la desregulación como un avance necesario, la decisión judicial proporciona a muchos actores del sector un sentido de previsibilidad en un contexto marcado por la incertidumbre económica y climática.
Durante esta transición, las empresas se enfrentarán a un panorama mixto: deberán adaptarse a las nuevas normas dentro del Digesto, en lo que no concierne al ingreso de uva y declaraciones de elaboración, pero deberán continuar cumpliendo con los instrumentos tradicionales que la resolución buscaba descontinuar.
La respuesta del sector y el camino hacia adelante
Dentro del sector, las opiniones están divididas. Mientras algunas entidades como Bodegas de Argentina apoyan la iniciativa desreguladora, otros mantienen que la situación actual afecta los avances generados. Walter Bressia, presidente de la cámara mencionada, expresó que, independientemente de la obligatoriedad del CIU, las bodegas continuarán utilizándolo, argumentando que lo importante es que no se frene el paquete completo de medidas.
Los grupos que promovieron la acción judicial han celebrado la decisión que garantiza la continuidad del CIU y del formulario CEC 05, aunque dejaron claro que no se oponen a la eliminación de trabas burocráticas. Para ellos, la medida judicial representa un alivio en un momento crítico para la industria.
El Ministerio de Desregulación, por su parte, señala que la industria vitivinícola ha sido regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas obsoletas. El nuevo Digesto Normativo, aprobado por la Resolución 37/2025, propone una revisión y actualización que, de ser implementada por completo, promete simplificar el marco regulatorio existente. Con todo ello, se plantea que los inspectores ya no fiscalizarán en las bodegas, limitando la supervisión únicamente al producto terminado, lo que se prevé reducirá cerca de 5.000 fiscalizaciones anuales.
Dada la magnitud de estos cambios, queda claro que la búsqueda de un equilibrio entre modernización y protección de los derechos de los productores se presenta como el desafío inmediato para el sector vitivinícola. Es un momento crucial donde la colaboración y el diálogo entre las diversas partes involucradas serán determinantes para el futuro de la industria.