La relación entre el Gobierno argentino y el sector vitivinícola ha alcanzado un punto crítico, marcado por un conflicto de intereses que ha surgido a raíz de iniciativas de desregulación en la cadena de producción, además de recortes en las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Este ambiente de tensión se ha intensificado recientemente con la presentación de una acción de amparo ante la Justicia Federal de Mendoza, con el objetivo de detener la implementación de la Resolución 37/2025 del INV, que está programada para entrar en vigencia el 1 de enero de 2026.
Antecedentes del conflicto: la acción de amparo
El recurso judicial ha sido promovido por varias entidades representativas del sector, entre las cuales se encuentran la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa). El núcleo del desacuerdo gira en torno al Certificado de Ingreso de Uvas (CIU), un documento que históricamente ha servido como la “partida de nacimiento” para cada lote de uva que llega a las bodegas.
Este certificado permite a los actores del sector, incluidos productores y autoridades, identificar detalles cruciales como el lote, el origen y otras características del envío, asegurando así la trazabilidad y la legitimidad en la comercialización. Con la nueva resolución, el CIU se convertirá en un requisito opcional, lo que, según los demandantes, podría socavar la capacidad de verificar la tenencia de la uva y la trazabilidad del producto final.
Impacto y preocupaciones del sector vitivinícola
Las organizaciones que han presentado la acción de amparo argumentan que, ante la falta de respuestas a los diversos pedidos hechos al Ministerio de Desregulación, se ven obligadas a tomar esta medida judicial. Señalan que la derogación del carácter obligatorio del CIU no solo es una simplificación administrativa, sino que podría tener repercusiones significativas sobre derechos de propiedad y la habilidad de los productores para demostrar la titularidad de su cosecha.
En su presentación, las entidades demandantes exigen la nulidad de la derogación o, al menos, la suspensión temporal de la resolución hasta que se esclarezcan los aspectos fundamentales del caso. Además, destacan que esta medida fue dictada sin la suficiente consulta con las cámaras regionales, y la inminente puesta en vigencia complica la adaptación de los sistemas comerciales y administrativos vigentes.
Postura del Gobierno: desburocratización como justificación
Desde la administración, tanto el Gobierno como el INV defienden la reforma como parte de una estrategia de desburocratización, orientada a reducir costos y simplificar procesos para el sector. En este contexto, funcionarios del Ministerio de Desregulación han argumentado que el CIU no dejará de existir, sino que pasará a denominarse «Declaración Jurada de Certificación de Cosecha», siendo esta una herramienta opcional. La idea es que los productores puedan elegir la frecuencia de presentación de este documento, lo que, según la administración, beneficiará a aquellos que no lo necesiten.
Argumentan que aproximadamente el 40% de los CIU no se utilizan para certificar el origen, añada o varietal de la uva, ya que están destinados a vino genérico, que no requiere dicha certificación. De esta manera, la administración sostiene que muchas de las funciones del INV se concentrarán en el control del producto fraccionado.
Consecuencias para los productores
Las entidades del sector han manifestado su preocupación, afirmando que la eliminación del carácter obligatorio del CIU implica una pérdida de herramientas regulatorias esenciales para la trazabilidad y control sanitario. La discrepancia entre el Gobierno y los productores ha generado que, a pesar del respaldo inicial que el recurso de amparo había tangibilizado, esta acción se limitara a solo cuatro entidades.
El panorama judicial y las expectativas del sector
La mayoría de los actores del ámbito vitivinícola espera con anticipación la decisión que tome la Justicia Federal de Mendoza. Existe la confianza de que se otorguen medidas cautelares para suspender la aplicación de la Resolución 37/2025 mientras se tramitan los aspectos centrales relacionados con el CIU y el conjunto de medidas de desregulación lideradas por el ministro Federico Sturzenegger.
Asimismo, no se descarta la posibilidad de que el Gobierno busque abrir un espacio de negociación técnica con las cámaras regionales para revisar los alcances y plazos de la resolución, que busca implementar un nuevo marco normativo unificado para el sector vitivinícola, eliminando de un plumazo hasta 970 normas regulatorias.
La expectativa es alta y la situación continúa evolucionando, ya que la resolución y el amparo reflejan la lucha del sector vitivinícola por proteger sus intereses en un contexto de cambios regulativos significativos.