El Gobierno argentino continúa con su enfoque en la desregulación económica, en esta ocasión mediante la derogación de 16 resoluciones y disposiciones que categóricamente afectaban a sectores como el comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo. Esta decisión, formalizada a través de la Resolución 12/2026 por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, responde a un proceso de simplificación normativa que busca reducir la confusión causante de la superposición y desactualización en las normativas vigentes.
Determinación del gobierno sobre documentos obsoletos
A través de esta medida, el Ejecutivo ha manifestado que las resoluciones derogadas habían perdido su sustento jurídico tras las reformas recientes. Este movimiento no busca solo deshacerse de disposiciones antiguas, sino que también intenta ofrecer una mayor seguridad jurídica y facilitar el entorno comercial en el país, donde la proliferación normativa ha causado incertidumbre en los ciudadanos y empresas.
Entre las normativas que han sido derogadas, se encuentran regulaciones específicas sobre el control de precios de productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, y procedimientos de autorización para importaciones. Además, se han eliminado programas de fomento al consumo y disposiciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
Razones detrás de la derogación de normativas
Según el informe oficial que acompaña la resolución, una de las razones fundamentales para esta decisión es que muchas disposiciones habían sido dictadas bajo marcos regulatorios que han sido modificados o incluso derogados. Ejemplos de tales marcos incluyen la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, y la ley que establece el Observatorio de Precios. La eliminación de estas normativas se justifica al afirmar que “han perdido su objeto y aplicabilidad” debido a los cambios estructurales que han tomado lugar en la economía del país.
Impacto en el entorno económico
La eliminación de estas normativas es parte de un proyecto más amplio destinado a simplificar la regulación existente. Desde el Gobierno, se ha argumentado que este proceso es crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos y de los inversores en el Estado. Con una legislación más clara y concisa, se espera que las empresas puedan operar con más libertad y menos restricciones, fomentando así un ambiente de negocio más dinámico y competitivo.
Incluso, se plantean objetivos de revisión permanente de la normativa, buscando que el Estado se concentre en las leyes que sean realmente relevantes y prioritarias. Este enfoque pretende hacer las respuestas gubernamentales más rápidas y transparentes, es esencial en un contexto donde la incertidumbre económica prevalece.
Normas específicas derogadas
A continuación, se presenta un listado de las normas derogadas por el Gobierno, cada una con su enfoque particular:
- Resolución N° 355/2022 y sus 19 modificatorias sobre control de precios de productos.
- Resoluciones 426/2022 y 296/2023, que abordaban requisitos informativos para la comercialización de bienes.
- Resoluciones 22/2006, 178/2007 y 167/2008, de la ex Secretaría de Comercio Interior.
- Resolución N° 368/2025, que eliminó la obligación de colegios privados de autorización estatal para modificar sus cuotas.
- Resolución N° 82/2014, vinculada a la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
- Disposición N° 167/2018, de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
- Resolución 282/2021 y sus 21 modificatorias, relacionadas con programas de fomento al consumo.
- Resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022, que trataban sobre el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
- Resoluciones 254/2019 y 43/2022, vinculadas a la autorización de importaciones.
Parker en la Ley Hojarasca
Este ciclo de desregulación también se alinea con el impulso hacia la Ley Hojarasca, que ya ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados. Esta ley prevé la derogación de numerosas leyes consideradas obsoletas y en desuso, un cambio que se considera crucial para facilitar un marco normativo más eficiente y adaptado a las realidades actuales del mercado.
Al recortar normativas que limitan la libertad de acción de los negocios y la vida cotidiana de los ciudadanos, el Gobierno parece buscar un equilibrio en el que se promueva la economía sin dejar de velar por la protección de los consumidores. De esta manera, el objetivo sigue siendo robustecer el entorno económico, permitiendo a las empresas establecerse con mayor claridad y seguridad, y a los ciudadanos, desenvolverse con más libertad en su vida diaria.
Con este avance en la desregulación, la administración de Javier Milei se compromete a entregar un marco normativo más claro y eficiente, que pueda ayudar a mitigar las incertidumbres que han permeado el contexto económico argentino en los últimos años.