El reciente anuncio del Gobierno sobre la privatización de las rutas nacionales ha generado un gran revuelo en el sector de la construcción y el transporte en Argentina. Este martes, se abrieron las ofertas económicas para el mantenimiento de importantes rutas y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, que abarcan un total de 1.871 kilómetros. La iniciativa ha sido objeto de controversias, en especial entre distintos sectores políticos y económicos.
Detalles de la licitación
La privatización forma parte de la Etapa II – A de la Red Federal de Concesiones. A través de la plataforma Contrat.Ar, se reveló que el consorcio formado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco presentó la propuesta más económica para los 1.325 kilómetros de las autopistas que conectan desde la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, ruta 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata. La tarifa de peaje sugerida por este consorcio es de $ 997 más IVA.
En cuanto al tramo de 546 kilómetros que abarca la ruta 5, que va desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, fue la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste la que ofreció la tarifa más baja, con una propuesta de $ 2.355,37 más IVA.
Competencia en el sector
Las propuestas presentadas por los consorcios que resultaron favorecidos superaron notablemente a las de empresas históricas como Roggio, que opera el subte de Buenos Aires, y Panedile, dirigida por Hugo Dragonetti, así como a la constructora de Cristóbal López. Estas ofertas competitivas sugieren una reconfiguración en el panorama del sector, en el que los nuevos participantes parecen haber tomado la delantera.
Controversias políticas y legales
El proceso de licitación no estuvo exento de polémica. El gobierno provincial de Axel Kicillof objetó el proceso, a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), y fue descalificado. Según reportes, sus funcionarios denunciaron que se había filtrado información sobre su oferta económica antes de la apertura oficial de las propuestas.
Otro actor relevante en esta disputa fue la constructora Sacde, vinculada a la familia Mindlin, que también fue descalificada. La empresa argumentó que la metodología utilizada para evaluar la solvencia financiera en el pliego no reflejaba adecuadamente su situación real, considerando que había un alto volumen de obras en ejecución entre 2022 y 2024. Un portavoz de Sacde declaró a Clarín que la fórmula aplicada no lograba capturar la verdadera solidez financiera de la compañía.
Impacto en el futuro de la infraestructura
A pesar del historial de Sacde, que incluye trabajos en grandes proyectos de infraestructura como el gasoducto Néstor Kirchner, la empresa decidió no apelar su descalificación y aceptó en silencio su exclusión del proceso. Esto resalta un fenómeno creciente en el sector: la presión por adaptarse a nuevas normativas y criterios establecidos por el gobierno actual.
Además, la web de Contrat.Ar no solo aloja la licitación de la Etapa II – A, sino que también está en curso la Etapa II B y la Etapa III, que abarcarán más de 6.475 kilómetros de rutas nacionales. Las fechas límite para la presentación de ofertas son el 11 y el 22 de mayo, respectivamente. Los adjudicatarios serán seleccionados en función de las tarifas de peaje más competitivas y su compromiso por la inversión inicial en mantenimiento.
Números que importan
El total de la red de rutas nacionales en Argentina supera los 40.000 kilómetros, pero apenas unos 10.000 kilómetros ya estaban en manos concesionadas antes de esta última ronda de privatizaciones. En este contexto, están siendo privatizados otros 9.000 kilómetros que representan una significativa parte del sistema vial del país. Además, el Gobierno ha dado autorización a 9 gobernadores aliados para cobrar peajes en las rutas no privatizadas, una medida que busca hacerlas más viables tras dos años sin ejecución de obras públicas.
Perspectivas en el horizonte
La privatización de las rutas nacionales puede tener repercusiones a largo plazo en la infraestructura y la economía del país. La competencia en las tarifas de peaje podría reducir costos para los usuarios, mientras que la inversión privada podría acelerar las mejoras necesarias en el mantenimiento y la expansión de la red vial. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el control estatal y el impacto en las comunidades locales que dependen de estas arterias viales para su movilidad y desarrollo.
El enfoque del Gobierno en este proceso se alinea con una tendencia global hacia la privatización de servicios públicos como una estrategia para mejorar la eficiencia y reducir el gasto estatal. Sin embargo, será fundamental observar cómo se desarrolla esta situación en los próximos meses, especialmente en un clima político tan polarizado.