El reciente presupuesto presentado por el Gobierno de Argentina ha generado preocupación en varios sectores, especialmente en aquellos relacionados con la discapacidad y la educación superior. A pesar de la promesa de incremento en el gasto pública, muchos programas esenciales quedarán sin financiación específica, lo que podría afectar la operativa de diversas leyes fundamentales.
Un presupuesto polémico y sin detalles claros
El reparto de créditos presupuestarios llevado a cabo por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no incluye los fondos correspondientes a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Este hecho ha sido destacado en un informe elaborado por la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), que señala la falta de partidas específicas para nuevos gastos que ya fueron aprobados por el Congreso.
Decisiones del Congreso y su impacto
Los cambios realizados por el Congreso, que implican nuevos gastos equivalentes al 0,56% del Producto Bruto Interno (PBI), no se reflejan adecuadamente en el presupuesto oficial. La ASAP destaca que, aunque se introdujeron incrementos de gastos, el Presupuesto 2026 fue aprobado sin modificar las partidas originalmente propuestas en el documento enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre.
“Este presupuesto ha sido sancionado sin modificar las previsiones iniciales, a pesar de que durante el tratamiento legislativo se acordaron cambios que implican nuevos gastos”, indica el informe. Esto implica que el financiamiento de políticas públicas fundamentales podría depender de eventuales adecuaciones a lo largo del año, poniendo en riesgo la ejecución de programas cruciales.
Retos en la financiación de políticas públicas
La ASAP advierte que el cumplimiento de las nuevas leyes podría estar en riesgo. Si no se resuelven adecuadamente los fondos, es probable que el gobierno no logre garantizar la ejecución de programas vitales en áreas de discapacidad y educación. A pesar de la intención del Ejecutivo de recortar impuestos a empresas, la falta de financiamiento para otros gastos no proyectados crea un desbalance que podría resultar problemático a futuro.
Ingresos y gastos en el horizonte del presupuesto
La Administración Pública Nacional (APN) inicia el año con un nivel de ingresos que se prevé caerá un 12% en términos reales respecto de 2025, mientras que se anticipa un recorte del 4.9% en gastos. Estos números evidencian la complicada situación financiera en la que se ubica el país, donde los ingresos impositivos alcanzaron durante 2025 los $134,5 billones, con $73 billones provenientes de impuestos y $40,8 billones de Seguridad Social.
Para 2026, se espera que los ingresos superen los $147,9 billones, lo que representa un incremento nominal del 10%, pero también una caída real del 12.7% debido a la inflación prevista. Estas proyecciones, elaboradas bajo suposiciones de crecimiento del PBI del 5% y una inflación del 10.1%, podrían modificar significativamente el panorama económico si se concretan realidades distintas.
Desajustes en proyecciones presupuestarias
El presupuesto proyecta ingresos impositivos de $90 billones y $47,6 billones de Seguridad Social. Sin embargo, se estima que la recaudación nominal podría ser mayor a la esperada, ya que el PBI nominal podría también sufrir un aumento notable. La inflación, que se prevé que ronde entre el 23% y 26% podría afectar tanto a los ingresos como a los gastos, generando un desafío adicional para el gobierno.
La anticipación de gastos para 2026 se establece en $148,1 billones, lo que implica un aumento nominal del 20%, pero representando una caída real del 4.9%. A pesar de que en teoría el resultado financiero de la APN estaría equilibrado, los ajustes por inflación complican este escenario, obligando a reducir el componente no indexado del gasto.
Compromisos y retos del Gobierno
La propuesta del Ejecutivo prevé introducir una reducción de aportes patronales y del Impuesto a las Ganancias para empresas, lo que podría beneficiar significativamente al sector privado. Sin embargo, se pone de manifiesto que el gobierno parece inclinado a asumir incrementos solo en ciertos gastos, como los relacionados con rebajas fiscales, pero no está dispuesto a cumplir con los compromisos de financiamiento que ya han sido legislados.
Es fundamental, a partir de este contexto, que la discusión sobre el presupuesto no solo abarque la viabilidad de recortes impositivos, sino también el cumplimiento de obligaciones sociales y la garantía de financiación para programas críticos. La falta de claridad en el presupuesto, unida a la incertidumbre económica, podría plantear serias dificultades para el funcionamiento del Estado en áreas vitales para la sociedad.
La situación actual requiere atención y análisis para asegurar un futuro en el que las necesidades de todos los sectores sean atendidas adecuadamente y donde la equidad en el acceso a servicios se mantenga como una prioridad ineludible.