El Gobierno nacional ha hecho oficial la Ley 27.798, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que contempla el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. Este nuevo marco fiscal busca establecer como ejes fundamentales el equilibrio fiscal y un superávit financiero.
La norma, que fue sancionada el 26 de diciembre del año anterior, establece que la administración deberá cerrar el ejercicio con un resultado financiero equilibrado o superavitario, proyectando un superávit de $2,73 billones para el Sector Público Nacional. En términos de recursos, el total estimado de gastos corrientes y de capital asciende a $148,06 billones, mientras que los ingresos previstos llegan a $148,29 billones.
Prioridades del gasto
Dentro del desglose del presupuesto, la mayor parte de los recursos se destinará a Servicios Sociales, con un monto de $106,5 billones. Las siguientes partidas incluyen a la Deuda Pública con $14,1 billones, Servicios Económicos con $11,45 billones, Administración Gubernamental con $8,85 billones y Defensa y Seguridad con $7,11 billones.
Además, la legislación estipula un resultado financiero superavitario adicional de $226.469 millones, que detalla fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras, haciendo hincapié en el endeudamiento público y la amortización de deuda.
Control del empleo público y facultades ampliadas
Uno de los aspectos más destacados de la ley es el endurecimiento de las reglas sobre el empleo público. Se establecerá un límite en el número de cargos y horas de cátedra en la Administración Pública Nacional. Asimismo, se prohíbe la cobertura de vacantes sin el consentimiento explícito del Jefe de Gabinete de Ministros, exceptuando áreas críticas como Salud, Defensa y Seguridad.
Adicionalmente, todas las jurisdicciones deberán proporcionar información detallada sobre su dotación y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que estará obligada a publicar esta información en un formato accesible.
Universidades, educación y ciencia
El nuevo presupuesto asigna $4,78 billones para el financiamiento de las universidades nacionales, que deberán rendir cuentas ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, y el incumplimiento puede llevar a la suspensión de transferencias. La ley también deroga artículos clave de las normativas anteriores relacionadas con Educación, Ciencia y Tecnología, afectando disposiciones de financiamiento educativo.
Deuda, organismos internacionales y avales
La legislación permite realizar amplias operaciones de crédito público, con la posibilidad de emitir deuda bajo jurisdicción extranjera hasta un 18% del total. Asimismo, le otorga al Ministerio de Economía la facultad de gestionar pasivos sin las restricciones habituales.
Se contemplan también aportes y aumentos de capital a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Mundial, con los pagos llevados a cabo por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Jubilaciones, pensiones y fondos específicos
El Presupuesto 2026 destina más de $212.000 millones al pago de deudas previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Asimismo, se asignan otros $367.000 millones para retroactivos a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Además, se prorrogan por diez años las pensiones graciables pero se establecen condiciones patrimoniales y de ingresos más estrictas para su mantenimiento.
Exenciones y beneficios sectoriales
Entre los elementos que incluye la ley, se destacan las exenciones impositivas a importaciones estratégicas. Esto abarca bienes de capital para empresas tecnológicas estatales, así como vacunas y medicamentos importados por el Ministerio de Salud. También se fijan cupos fiscales para sectores como la economía del conocimiento y biotecnología.
Con este nuevo presupuesto, el Gobierno reafirma su compromiso con la disciplina fiscal, estableciendo el superávit como objetivo central y limitando la administración discrecional de partidas, así como el gasto público. Esta reevaluación de prioridades refleja un enfoque más restrictivo en la gestión de recursos y el empleo estatal, destinado a garantizar un desarrollo sostenible y organizado.