El papel que el pueblo juega en la configuración del Estado es fundamental, dado que es el eje sobre el cual se sostiene la convivencia y el desarrollo de la sociedad. Las normas constitucionales establecen que el ejercicio de las facultades estatales es delegado a sus representantes, un principio que, a menudo, no es respetado en la práctica. En este contexto, la cuestión tributaria juega un papel central, marcada por los artículos 4 y 52 de la Constitución, que atribuyen al Congreso y, en particular, a la Cámara de Diputados, la responsabilidad de legislar en esta materia. Las reformas de 1994, que introdujeron tratados internacionales en la normativa nacional, también han aportado nuevos desafíos y obligaciones para el Estado y sus ciudadanos.
La necesidad de una reforma tributaria
El actual sistema tributario argentino se ha caracterizado por su desorganización normativa, un fenómeno que ha excluido la justicia y la razonabilidad del esquema de recaudación. Las distorsiones en la economía se han hecho evidentes, y no resulta sorprendente que la jurisprudencia haya identificado numerosas inconstitucionalidades en las leyes tributarias. Un problema crítico es la distribución desigual de la carga tributaria, que se aleja del principio de justicia distributiva.
Este principio tiene doble implicancia: afecta tanto la distribución de los impuestos como la asignación del gasto público. Los recursos generados por impuestos nacionales y provinciales no deben exceder las capacidades contributivas de los ciudadanos, mientras que el gasto público debe ser orientado de manera eficiente, evitando así derroches innecesarios y asegurando que los servicios lleguen a los sectores más vulnerables de la población.
En Argentina, la evasión fiscal supera el 50%, lo que plantea un desafío mayor a las reformas que se pretenden implementar. No se trata solo de realizar cambios en las leyes fiscales; esta situación es representativa de un problema estructural relacionado con cuestiones económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, el incumplimiento reiterado del presupuesto nacional ha sido una constante desde el regreso a la democracia en 1983, lo que limita el desarrollo de políticas fiscales efectivas.
Presupuesto y asignación de recursos
La relación entre los tributos y los gastos del Estado es crucial para asegurar una convivencia armónica. Recaudar impuestos es necesario, pero también lo es satisfacer las necesidades sociales. Esto requiere un balance delicado donde ambos, recursos y gastos, se entrelazan de forma que respondan adecuadamente a las demandas de la sociedad. Es vital tener en cuenta que la economía es dinámica y que las leyes tributarias deben adaptarse a este fenómeno.
Un aspecto esencial es que los gastos no pueden ser mayores que los ingresos, y esta premisa debe estar claramente articulada en la ley de presupuesto anual. La no observancia de esta regla ha contribuido a la crisis actual del sistema tributario. Al abordar la alícuota de los impuestos, es necesario que se fijen dentro del contexto de la ley de presupuesto, pues esto permitiría no solo una mejor regulación, sino una mayor estabilidad en el sistema fiscal.
La seguridad jurídica es un elemento indispensable para fomentar la confianza en la inversión. Los agentes económicos deben poder operar en un entorno donde las variaciones de las alícuotas se realicen de manera predecible y razonable. Esto contribuiría a establecer un entorno financiero más ordenado, propiciando un crecimiento sostenido y saludable.
Incorporación de alícuotas en la ley de presupuesto
La posibilidad de incorporar un capítulo que detalle las alícuotas tributarias en la ley de presupuesto puede ser la clave para una mayor organización y racionalidad en el sistema tributario argentino. Históricamente, han existido antecedentes en los cuales las modificaciones legales se alinearon con la ley de presupuesto.
Este cambio institucional podría resultar en un diseño normativo que no solo administre los desafíos actuales, sino que también ofrezca un marco de referencia claro y funcional que corrija la estructura anárquica del sistema tributario vigente. Se necesita un sistema que esté en capacidad de abordar las inevitables dinámicas evolutivas en lo económico y social.
Para hacer frente a la complejidad del sistema tributario argentino es esencial promover un sistema que no solo busque recaudar, sino que cumpla con principios de justicia y equidad. Esto implica no solo examinar las leyes fiscales desde un punto de vista teórico, sino también enfocarse en su implementación práctica y en los efectos que tienen sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.
En última instancia, solo a través de un esfuerzo conjunto, que involucre a todos los actores del sector público y privado, se puede esperar una reforma tributaria que no solo atienda las necesidades del Estado, sino que también brinde una respuesta justa y razonable a la sociedad en su conjunto. La construcción de un sistema tributario eficaz y equitativo es un objetivo al que deben aspirar todas las naciones.