El Gobierno argentino ha establecido un nuevo esquema de actualización para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mediante un decreto que aplicará incrementos mensuales durante diez meses, desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. Esta decisión, que se formalizó a través de la Resolución 9/2025, surgió ante la imposibilidad de llegar a un consenso durante la reunión del Consejo del Salario, prevista para el 26 de noviembre, donde representantes de sindicatos y empresarios no lograron acordar un monto.
Modificaciones al salario mínimo y su impacto
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social comunicó que los aumentos se fijarán directamente en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este enfoque no solo busca fortalecer el ingreso básico de los trabajadores, sino que también redefine la fórmula de cálculo de la prestación por desempleo, vinculándola directamente al SMVM vigente.
En detalle, el nuevo esquema contempla diez aumentos consecutivos que comenzarán con un piso salarial de $328,400 en noviembre de 2025 para los trabajadores con jornada completa. Para aquellos que cobran por hora, el monto inicial será de $1,642. Estas cifras no solo se aplican a los empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo, sino también al personal agrario y empleados públicos. En el caso de jornadas laborales reducidas o modalidades especiales, los valores se aplicarán de forma proporcional.
Cronograma de aumentos del salario mínimo
De acuerdo a lo establecido en el decreto, los incrementos del SMVM se llevarán a cabo según el siguiente cronograma:
- Noviembre 2025: **$328,400**
- Diciembre 2025: **$334,800**
- Enero 2026: **$341,000**
- Febrero 2026: **$346,800**
- Marzo 2026: **$352,400**
- Abril 2026: **$357,800**
- Mayo 2026: **$363,000**
- Junio 2026: **$367,800**
- Julio 2026: **$372,400**
- Agosto 2026: **$376,600**
Los valores salariales horarios también experimentarán un ligero incremento, comenzando en $1,642 y apuntando a $1,883 para agosto de 2026.
Reformas en prestaciones por desempleo
El nuevo esquema también trae consigo cambios significativos en las prestaciones por desempleo. A partir de ahora, el cálculo de estas prestaciones se basará en el 75% del salario mensual neto más alto recibido por el trabajador en los últimos seis meses de su relación laboral. Sin embargo, se han establecido algunos límites: el monto no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente y tampoco podrá superar el 100% del mismo.
Esta modificación tiene como objetivo no solo regular las cantidades a percibir en caso de desempleo, sino también adaptar las ayudas económicas a la fluctuación del mercado laboral y la inflación.
Implicaciones a largo plazo
Con esta resolución, el Gobierno busca asegurar que los salarios se mantengan en línea con los costos de vida y la inflación, que ha sido un tema de constante preocupación en el país. A medida que los salarios mínimos se ajustan, es probable que también se vean afectados otros beneficios laborales. La Secretaría de Trabajo deberá verificar el registro y publicación de esta resolución para su inmediata implementación, garantizando que todos los empleadores alineen sus prácticas con las nuevas normativas.
La decisión del Gobierno ha sido recibida con comentarios mixtos entre los sectores económicos y laborales. Mientras algunos ven el ajuste como un paso positivo hacia la mejora de las condiciones laborales, otros advierten sobre los posibles efectos adversos en la creación de empleo y la competitividad del mercado.
En este contexto, los próximos meses serán cruciales para evaluar el impacto de estas medidas en la economía y en la calidad de vida de los trabajadores.
Las reformas que afectan el salario mínimo y las prestaciones por desempleo pueden tener implicancias significativas en el comportamiento del mercado laboral argentino. La necesidad de estrategias efectivas por parte de ambos sectores será vital para enfrentar posibles retos y garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social. A medida que se implementen estos cambios, la vigilancia constante será clave para asegurar que los intereses de los trabajadores sean debidamente defendidos y atendidos.