Hay un creciente clamor en el ámbito económico que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, especialmente en lo que respecta a la necesidad de llevar a cabo una reforma impositiva. Este reclamo no solo se centra en la coparticipación o la eliminación de ciertos tributos, sino que también aborda la imperante necesidad de erradicar los cobros adelantados desmedidos que afectan a una gran mayoría de contribuyentes en el país.
Las retenciones, percepciones y cualquier tipo de recaudación anticipada son prácticas comunes entre las distintas administraciones fiscales, sin importar su orientación política o ubicación geográfica. Tanto la Nación como las provincias recurren a estas estrategias, y ello genera una serie de problemas significativos. El efecto más preocupante es el surgimiento de saldos a favor de los contribuyentes que rara vez se recuperan, o que lo hacen de forma tardía y con un valor de compra devaluado.
El impacto de las retenciones anticipadas
Lo que debería ser un simple adelanto de tributo se convierte en un «impuesto silencioso» que no solo desdibuja las jerarquías constitucionales, sino que también pone en duda las lógicas de tributación que deberían regir en el país. Diego Fraga, destacado economista consultado por El Economista, señala que «el resultado es siempre el mismo: saldos a favor crónicos, sin actualización ni intereses, que en el contexto inflacionario operan como un impuesto encubierto y como un préstamo forzoso del contribuyente».
Esta moda de los pagos anticipados, que en un inicio puede parecer una medida razonable para asegurar la recaudación fiscal, ha generado un clima de desconfianza. Fraga recalca que «los regímenes de pago adelantado han dejado de ser un simple adelantamiento: han pasado a financiar al Estado».
Un análisis de la voracidad fiscal provincial
Las provincias son actores cruciales en esta problemática, específicamente en la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Fernando López Chiesa, socio de Lisicki, Litvin & Abelovich, expone que «las provincias no parecen tener límites cuando se trata de recaudar; tanto las operaciones con clientes y proveedores como los flujos bancarios son potencialmente pasibles de retenciones y percepciones». Esto es particularmente grave teniendo en cuenta que las retenciones se aplican antes de que exista una obligación neta del contribuyente.
En este contexto, la recaudación interjurisdiccional viaja por un camino repleto de inconvenientes. Las siguientes son algunas de las principales modalidades de cobros anticipados a las que se enfrenta el sector:
- SIRCREB/SIRCUPA: Retenciones obligatorias realizadas por bancos y billeteras virtuales sobre las acreditaciones en las cuentas de los contribuyentes.
- SIRTAC: Regímenes de recaudación sobre pagos electrónicos, aplicables incluso a aquellos contribuyentes asignados con alícuota del 0%.
- SIRCAR/Provinciales: Retenciones y percepciones que son ejecutadas por agentes designados al momento del pago.
López Chiesa destaca que estos pagos anticipados en ocasiones superan al impuesto real del período, lo que significa que las provincias pueden terminar en un estado de «deuda» al respecto.
El papel de ARCA en el panorama fiscal
Sin embargo, el problema de los cobros anticipados no se limita a las provincias. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también ha sido objeto de críticas. Un claro ejemplo de esto es la resolución general 830, la cual establece un régimen de retención del Impuesto a las Ganancias que las empresas deben aplicar al momento de cancelar una factura.
La cantidad de las retenciones varía según el tipo de servicio o bien que se adquiera y cada una tiene un umbral mínimo no sujeto a retención, con tasas que oscilan entre el 2% y el 30%. Un dato alarmante mencionado por López Chiesa es que «el valor de los importes mínimos no sujetos a retención no se actualiza desde el 1 de agosto de 2019», lo que se traduce en una presión casi asfixiante sobre las pequeñas y medianas empresas, que ven cómo su capital de trabajo se inmoviliza en forma de retenciones excesivas.
Este sistema erosiona tanto la liquidez de los contribuyentes como su capacidad para invertir y crecer. La falta de actualización en los umbrales de retención se convierte en un cuello de botella financiero, especialmente para las empresas más pequeñas.
Iniciativas para aliviar la carga impositiva
A pesar de las críticas, algunas jurisdicciones han empezado a implementar mecanismos para facilitar las devoluciones y aliviar la carga impositiva.
Algunas de estas iniciativas incluyen:
- AGIP: La Ciudad de Buenos Aires ha introducido un sistema simplificado para la devolución de saldos en 96 horas hábiles con un límite de $10 millones.
- ARBA: La provincia de Buenos Aires ha lanzado nuevos regímenes para prevenir la acumulación de saldos, siempre que el monto sea inferior a $3.500.000.
- API: En Santa Fe, hay un trámite exprés para saldos a favor de hasta $10 millones, aunque no se ha estipulado un plazo claro para la devolución.
Además, algunas jurisdicciones permiten la compensación de saldos a favor de Ingresos Brutos con otras obligaciones fiscales, lo que es especialmente útil para los contribuyentes que también actúan como agentes de recaudación.
Sin embargo, para muchos expertos, la solución de fondo radica en un cambio más estructural, como la transformación del impuesto sobre los ingresos brutos en un sistema de IVA provincial no acumulativo. Este cambio podría permitir una coparticipación federal más equilibrada y justa.
Las discusiones en torno a la reforma impositiva son numerosas, y es innegable que el sistema actual presenta serios desafíos que deben ser abordados con urgencia para garantizar una carga tributaria equitativa y eficiente en el país.