La digitalización de los pagos y el acceso al crédito en Argentina han experimentado un fuerte auge, impulsado por el desarrollo de alternativas como las billeteras virtuales. Sin embargo, este fenómeno enfrenta un desafío significativo que podría frenar su expansión: la elevada presión fiscal a nivel provincial. Las aplicaciones fintech, al igual que los bancos, están sujetas al pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya carga varía considerablemente en distintas regiones del país, poniendo en riesgo la competitividad y el crecimiento de este sector.
El impacto de la presión fiscal en el sector fintech
Un reciente estudio realizado por la Cámara Argentina Fintech (CAF), titulado Mapa de presión fiscal a la digitalización de la economía, revela que las empresas del sector fintech enfrentan una alícuota promedio del 6,4% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), cifra que supera notablemente los porcentajes establecidos para actividades comerciales tradicionales, los cuales oscilan entre el 3% y el 5%. Esta desigualdad tributaria dificulta la formalización de la economía digital y tiene repercusiones negativas tanto para empresas como para consumidores.
Disparidades fiscales entre provincias
El análisis de la CAF destaca una enorme disparidad territorial en las tasas impositivas aplicadas. Mientras que la provincia de Tierra del Fuego se encuentra en el extremo más bajo con una alícuota de solo 3,5%, otras provincias como La Pampa y Santa Fe imponen una carga del 9%. Jujuy y La Rioja presentan tasas del 8% y 7,3% respectivamente, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Neuquén también se agrupan en la franja del 7%.
Consecuencias de la carga impositiva en la economía digital
Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech, subraya que «la estructura tributaria actual limita el desarrollo de la economía digital y afecta tanto a empresas como a usuarios». Este tipo de régimen no solo repercute en costos para las empresas fintech, sino que también incrementa las tasas de interés en los créditos digitales y desalienta el uso de medios electrónicos de pago, lo que impacta particularmente en pequeños comerciantes y emprendedores que buscan formalizar sus actividades.
Total de la carga efectiva en distintas provincias
Las regulaciones específicas en ciertas provincias agravan la situación. Por ejemplo, en Córdoba, las operaciones de crédito enfrentan un impuesto del 7%, y los pagos procesados a través de plataformas digitales un 5%, al que se suma una contribución adicional del 80%, elevando así la carga efectiva a casi 9%. En Jujuy, la tasa para plataformas digitales asciende al 8%, mientras que en Santa Fe, las billeteras virtuales tienen una alícuota del 9%, a menos que estén adheridas a programas de apoyo, donde podrían acceder a una reducción al 6,5%.
Beneficios de una reforma fiscal para el sector
El estudio de la CAF sugiere que cada punto de reducción en las alícuotas de IIBB podría traducirse en menores comisiones y tasas. Esto facilitaría una mayor adopción de herramientas digitales y promovería la inclusión financiera de sectores que actualmente están fuera del sistema. La necesidad de un entorno fiscal más justo se hace evidente, y la CAF propone tres líneas de acción para mitigar el impacto de la presión tributaria:
- **Reducir la presión tributaria al sector**: Alinear las alícuotas con las de servicios convencionales.
- **Unificar normativas entre provincias**: Crear un régimen nacional consensuado para reducir la dispersión impositiva.
- **Simplificar el marco regulatorio**: Hacer más accesible el entorno normativo para las fintech.
Una demanda del sector y un requerimiento para el crecimiento
El informe concluye que «los impuestos sobre facturación total encarecen los servicios y restan competitividad a las provincias». Construir un marco fiscal justo, equilibrado y previsible es esencial para el crecimiento de la economía digital y su capacidad de beneficiar a la población a nivel nacional.
Es evidente que la implementación de un sistema impositivo más equitativo no solo sería beneficioso para las empresas fintech, sino también para los millones de usuarios que dependen de servicios accesibles y competitivos en un mundo cada vez más digitalizado. En un contexto donde la innovación y la inclusión son claves para el desarrollo económico del país, el momento para actuar es ahora.