El Gobierno argentino se encuentra en fase de implementación de un proyecto que revisa y modifica la polémica ley de Inocencia Fiscal, que fue sancionada en diciembre de 2025. Esta nueva iniciativa busca corregir aspectos criticados por contadores, tributaristas y contribuyentes, al mismo tiempo que amplía las posibilidades del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), reduce las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA), y establece condiciones más claras para el uso de los llamados «dólares del colchón».
Un aspecto clave de este proyecto es su consideración como un pilar estratégico por el oficialismo. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los argentinos mantienen aproximadamente 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. La meta del Gobierno es incentivar la incorporación de parte de estos fondos a la economía formal, generando un entorno más favorable para los contribuyentes.
Beneficios ampliados para los contribuyentes
Uno de los cambios más significativos que se incorporan en el nuevo proyecto es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. Hasta ahora, la normativa vigente permitía la inclusión solo a contribuyentes con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Con la nueva iniciativa, estas restricciones son eliminadas.
Además de esta flexibilización, quienes opten por el régimen y cumplan con la presentación y pago de Ganancias 2025 podrán beneficiarse de dos incentivos clave:
- Presunción de exactitud de la declaración presentada.
- Reducción del plazo de prescripción de cinco a tres años.
El proyecto aclara también que optar por el régimen no obliga a los contribuyentes a declarar fondos no revelados, permitiendo el uso del esquema simplificado únicamente para acceder a beneficios fiscales sin necesidad de movilizar sus ahorros.
Menor margen para cuestionamientos de ARCA
Otro de los ejes fundamentales de esta reforma radica en las restricciones a las facultades de fiscalización de ARCA. El documento establece una definición clara para lo que se considera una “discrepancia significativa”, especificando que podrán cuestionarse declaraciones únicamente cuando la discrepancia detectada supere simultáneamente el 15% del impuesto determinado y el 5% del monto proyectado para la evasión simple, que actualmente se establece en 5 millones de pesos.
Este nuevo enfoque exige a ARCA la prueba de la existencia de dichas discrepancias, invirtiendo así una lógica que había sido objeto de duras críticas por parte de especialistas en la materia.
Además, el organismo recaudador tendrá vedadas dos herramientas clásicas en sus procedimientos de fiscalización:
- La presunción de incremento patrimonial no justificado.
- La presunción derivada de depósitos bancarios.
Si ARCA detecta una discrepancia relevante, el contribuyente tendrá la opción de rectificar su declaración o regularizar su situación mediante un plan de pagos, sin perder automáticamente los beneficios adquiridos al ingresar al régimen.
Ventana de oportunidades hasta 2027 para los «dólares del colchón»
El borrador de la reforma también incluye una fecha límite para la formalización de fondos no declarados. Los contribuyentes que se adhieran a este régimen podrán incorporar dichos recursos al circuito formal hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante ese lapso, ARCA no podrá utilizar estos fondos para presumir ventas omitidas o ganancias no declaradas, lo que busca ofrecer previsibilidad a quienes decidan invertir o consumir dentro del sistema formal.
No obstante, el esquema mantiene ciertas restricciones. Los grandes contribuyentes a nivel nacional podrán adherirse al RSG, aunque no tendrán acceso a la presunción de exactitud ni al denominado “tapón fiscal”. Además, el proyecto reafirma que las regulaciones de prevención del lavado de activos seguirán vigentes, lo que implica que los bancos podrán solicitar documentación sobre el origen de los fondos, y la adhesión al régimen no exime a los contribuyentes de la obligación de justificar la procedencia de sus recursos cuando sea necesario.
El nuevo proyecto sobre la ley de Inocencia Fiscal representa un paso relevante en la regulación económica del país, buscando equilibrar la recaudación fiscal con un entorno más propicio para la formalización de capitales. Con estos cambios, el Gobierno espera fomentar un clima de confianza entre los contribuyentes, contribuyendo así a la estabilidad económica del país.