El reciente envío de un proyecto de ley por parte del Gobierno nacional al Congreso de la Nación marca un paso significativo hacia la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal. Este proyecto surge como respuesta a las inquietudes planteadas por expertos durante una reunión liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo principal es solventar las dificultades que han generado desconfianza entre contribuyentes y asesores respecto a la adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
El contexto económico actual requiere soluciones innovadoras que permitan a los contribuyentes regularizar su situación fiscal sin temor a ser perseguidos por el fisco. A pesar de que la ley recibió aprobación previa sin cambios sustanciales, las dudas persistieron, lo que llevó a los responsables a una segunda revisión. Esta nueva iniciativa del Ejecutivo busca aclarar los términos y ofrecer un marco que invite a más ciudadanos a formalizar su situación fiscal.
Revisión y reacciones de los especialistas
Desde el momento en que se anunció el proyecto, la reacción de los especialistas fue inmediata. Miriam Roldán, parte del grupo consultivo, destacó que la nueva propuesta ha incorporado varias de las recomendaciones presentadas. Entre los aspectos más destacados se encuentra la inclusión de la posibilidad de rectificar y pagar una declaración jurada ante ajustes del fisco, lo cual es crucial para mantener el beneficio del tapón fiscal.
Otro especialista, Mariano Ghirardotti, enfatizó cambios significativos en la forma de determinar discrepancias fiscales. La propuesta hará que se considere el impuesto determinado como base para la evaluación de discrepancias, en lugar de tan solo el saldo a ingresar, lo que podría aligerar la carga sobre los contribuyentes con errores menores.
El tributarista Diego Fraga añadió que el proyecto introduce un umbral mínimo de discrepancia, “no habrá discrepancia significativa si la diferencia no supera el 5% del monto previsto para la evasión simple, que actualmente es equivalente a 5 millones de pesos”. Este ajuste, según Fraga, resalta la razonabilidad del sistema y reduce el riesgo de que errores menores perjudiquen a los contribuyentes.
Al respecto, otros puntos resaltantes del proyecto incluyen:
- El establecimiento de presunciones claras sobre el manejo de depósitos bancarios.
- La eliminación de multas para quienes paguen ajustes derivados de fiscalizaciones anteriores.
- La fijación de un nuevo marco sobre las presunciones en procedimientos tributarios.
Normativas más claras y sus implicaciones
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo proyecto es que se formaliza la obligación de canalizar operaciones a través de medios permitidos por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Esto se orienta a que más contribuyentes logren introducir en el sistema formal los fondos que actualmente permanecen ocultos.
Fraga recalca que el objetivo principal de este régimen es facilitar la inclusión de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero. El proyecto también establece directrices específicas para operaciones en efectivo en transacciones inmobiliarias, asegurando que, hasta fin de 2027, se puedan realizar bajo las nuevas regulaciones sin perder la inscripción al régimen.
Sin embargo, es vital destacar que la adhesión a este régimen no equivale a inmunidad. A pesar de que facilita procesos, las entidades seguirán obligadas a cumplir con los requisitos de control y prevención de lavado de activos. Roldán enfatiza que la Ley debe contar con posteriores regulaciones emitidas por la Unidad de Información Financiera para garantizar la efectividad de estas disposiciones.
Un paso hacia la formalización de ahorros
Al ser preguntado sobre si esta normativa incrementará la posibilidad de que los “dólares del colchón” ingresen al sistema bancario, Fraga opina que la respuesta es parcialmente positiva. Aunque el nuevo marco mejora la seguridad técnica, aún persisten desafíos en la confianza de los contribuyentes hacia la administración tributaria.
La inquietud radica en que si la administración fiscal conserva una actitud de desconfianza hacia aquellos que buscan regularizar su situación financiera, los resultados podrían ser opuestos a los deseados. “La confianza en el sistema es fundamental. Si estos ciudadanos sienten que podrían ser objeto de fiscalizaciones injustificadas o verificaciones excesivas, es probable que opten por no participar”, concluye Fraga.
El Gobierno ha realizado su propuesta. Ahora, el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de deliberar sobre estas modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, una herramienta que podría ofrecer a muchos la oportunidad de utilizar sus ahorros sin el miedo a ser perseguidos por las autoridades fiscales. La eficiencia de esta herramienta dependerá no solo de la redacción de la ley, sino también de la postura que adopte la administración pública frente a los contribuyentes en los próximos meses.