El Senado argentino se prepara para debatir una reforma clave que busca modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, dentro de un paquete legislativo que promueve la inviolabilidad de la propiedad privada. Esta modificación es particularmente relevante, ya que propone eliminar las restricciones existentes que limitan a los extranjeros en la compra de tierras en el país, un tema que genera intensas controversias y posicionamientos diversos.
Una reforma necesaria según el Gobierno
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el cambio legislativo, argumentando que la ley vigente, sancionada en 2011, ha «criminalizado de facto la compra de tierras por parte de extranjeros». Esta afirmación resuena con la crítica de que la ley contradice el espíritu de la Constitución Argentina, que otorga los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros, así como promueve la inmigración de quienes deseen trabajar y contribuir al desarrollo económico.
Ravier enfatizó en una conferencia de prensa que las restricciones actuales desincentivan inversiones de gran magnitud, especialmente en el sector foresto-industrial en provincias como el NEA, Cuyo y Patagonia. “Existen proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”, declaró. La propuesta legislativa establece controles más estrictos para los Estados extranjeros y sus empresas, diferenciando claramente entre inversionistas privados y gobiernos de otras naciones.
Restricciones y control sobre inversores
La reforma establece que los gobiernos extranjeros necesitarán una autorización específica para comprar tierras, en lugar de poder adquirir hasta 1.000 hectáreas libremente como es actualmente. Además, se impondrán sanciones severas a quienes intenten eludir estos controles a través de someter las compras a testaferros, considerándose este acto una simulación ilícita.
El objetivo, según Ravier, es lograr un equilibrio que permita atraer capital privado genuino mientras se fortalece el control sobre las adquisiciones de Estados extranjeros. Esto se traduce en un mejor manejo de las compras de tierras, permitiendo que “los productores e inversores genuinos se les deje de cerrar la puerta en la cara”, expresó.
El panorama actual de la propiedad rural en Argentina
Bajo la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, actualmente, los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. En áreas de alta productividad, como la zona núcleo agrícola del país, se impone un límite de 1.000 hectáreas. Además, se prohíbe la venta de campos que colinden con cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas fronterizas.
Datos oficiales indican que Argentina tiene una superficie continental de 279,1 millones de hectáreas, de las cuales aproximadamente 266,7 millones corresponden a tierras rurales. De este total, alrededor de 16,2 millones de hectáreas están en manos extranjeras, lo que equivale al 6% del total.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural (CAIR), Lucas Palma, destacó que las tierras en manos extranjeras se encuentran por debajo del límite legal establecido. Distritos como Salta, La Rioja, Catamarca y Corrientes presentan niveles de extranjerización que oscilan entre el 10% y 13% del total de sus tierras, acercándose al tope permitido. Sin embargo, en la región núcleo, que abarca provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la menor proporción de tierras rurales en manos de extranjeros es notable, con cifras muy por debajo del 5%.
Impacto en el valor de la tierra y el mercado inmobiliario
Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, subrayó que el debate sobre la modificación de la Ley de Tierras reabre una de las preocupaciones más arraigadas: el temor a que los extranjeros compren extensas áreas rurales. Si bien este temor tiene raíces históricas, aquellos que trabajan en el sector inmobiliario rural consideran que la realidad del mercado es bastante más compleja.
El impacto de la reforma sobre el valor de las tierras no dependerá solamente de la flexibilización de las normas para inversores extranjeros, sino del conjunto de políticas económicas que se implementen para mejorar la rentabilidad del sector. “La eliminación de las retenciones y la creación de reglas claras son fundamentales para que el sector agropecuario recupere competitividad”, enfatizó Nordheimer.
Actualmente, una hectárea agrícola en la zona núcleo se valora entre US$ 17,000 y US$ 20,000, cifras que siguen por debajo de las de países vecinos como Uruguay y Brasil, donde los precios pueden ser el doble o triple, aunque se trate de tierras de menor calidad productiva.
Regulaciones en países vecinos
La discusión sobre la propiedad rural y el capital extranjero no es exclusiva de Argentina; países de la región adoptan diversas medidas para regular este fenómeno. En Paraguay, por ejemplo, estudios apuntan a que entre el 14,2% y 19,4% de la superficie nacional pertenece a propietarios extranjeros. En Uruguay, se estima que aproximadamente 2,2 millones de hectáreas están bajo control extranjero, reguladas por la Ley Nº 18.092, que exige un registro detallado de la titularidad de las tierras.
En Brasil, la legislación limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio y al 10% para una misma nacionalidad, reflejando un marco regulatorio que busca proteger la propiedad nacional mientras se fomenta la inversión.
Con la inminente discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras Rurales en Argentina, la clave será encontrar un balance que permita atraer inversiones extranjeras genuinas sin comprometer la soberanía sobre las tierras argentinas. Este es un desafío que repercutirá directamente en el sector agropecuario y su desarrollo a futuro.