El proceso de reestructuración de Vicentin ha alcanzado un hito crucial en su historia, marcando el cierre de un capítulo de casi seis años marcado por un millonario default que se declaró en diciembre de 2019. La decisión del juez Fabián Lorenzini, al homologar el salvataje propuesto por el empresario rosarino Grassi y desestimar las impugnaciones de acreedores, abre una nueva etapa para la agroexportadora.
El salvataje y la homologación del juez
Vicentin, la emblemática empresa agroexportadora, vio cómo su situación financiera se deterioraba drásticamente, acumulando deudas que superan los 1.500 millones de dólares. Este escenario llevó a la compañía a solicitar un concurso preventivo, un proceso que ha estado bajo el escrutinio público y judicial durante varios años.
El juez Lorenzini ha dado un paso decisivo al homologar el plan de salvataje presentado por Grassi, transfiriendo el control de la empresa a este empresario, quien se encargará de llevar a cabo la reestructuración. La sentencia ha sido clara al proponer que se han alcanzado las mayores adhesiones exigidas por la normativa vigente, validando así el proceso de cramdown.
Impacto de la sentencia en el sector agroindustrial
La decisión judicial no solo tiene implicaciones para Vicentin mismo, sino que también resuena en todo el sector agroindustrial argentino. De acuerdo con el fallo, Grassi obtuvo adhesiones que equivalen al 65,97% de las cápitas y al 84,99% del capital reconocido, cumpliendo así con los requerimientos legales establecidos por la Ley de Concursos y Quiebras. Esta homologación representa un cambio significativo, ya que el control de Vicentin ahora recae en manos de capital nacional, facilitando la continuidad operativa de una empresa fundamental para la economía del país.
Rechazo a las impugnaciones
Los opositores al plan de salvataje, incluidos consorcios como Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, así como diversas entidades financieras, presentaron numerosas impugnaciones que fueron desestimadas por el juez. Lorenzini argumentó que los cuestionamientos no lograron demostrar irregularidades ni abusos, dejando claro que el proceso de homologación se mantuvo en pie sin contratiempos legales significativos.
Las impugnaciones se apoyaban en alegaciones de irregularidades en los cálculos de conformidad y en la falta de cumplimiento con principios de equidad entre acreedores. Sin embargo, el tribunal consideró que estas alegaciones carecían de fundamento sólido y no afectaron la validez del proceso de salvataje.
Ejecución del plan de salvataje
Con la sentencia firme, el siguiente paso para Grassi es presentar un cronograma detallado de ejecución del acuerdo. Este plan incluirá plazos de pago, formas de operación y condiciones de implementación que serán vitales para materializar la transición de control y activar la nueva gestión. Esta hoja de ruta es esencial, ya que busca asegurar la reactivación económica de Vicentin y restablecer la confianza de los productores y proveedores que, por años, han estado íntimamente ligados a la compañía.
Desafíos futuros para Vicentin
El esquema diseñado por Grassi no solo propone la continuidad productiva, sino que también busca establecer un modelo de recuperación para los acreedores que brinden prefinanciación para futuras exportaciones. Esta estrategia tiene como objetivo revertir parcialmente los efectos de la crisis financiera, reactivando el flujo de mercadería y fortaleciendo la presencia de Vicentin en el complejo agroindustrial, particularmente en la región de San Lorenzo.
Mientras tanto, el fallo deja la puerta abierta para recursos judiciales, aunque estos no deberian impedir la ejecución del plan de salvataje. La situación actual es clara: Vicentin ha encontrado un nuevo dueño, designado por la Justicia, lo que plantea un nuevo horizonte tras años de inestabilidad.
Un futuro incierto pero esperanzador
Esta resolución no solamente representa un avance legal, sino que simboliza una oportunidad estratégica para la agroexportadora y para el sector en su conjunto. Con la continuidad de Vicentin en manos de capitales nacionales, el reto actual es transformar la decisión judicial en una reactivación efectiva de la compañía. Para lograr esto, será imprescindible establecer condiciones claras y sostenibles que permitan normalizar su operativa y asegurar su rol como prenda de cambio en el comercio exterior argentino.
Los próximos meses serán cruciales, no solo para la empresa, sino para todos los actores involucrados en el sector agroexportador, que ven en este desenlace una nueva oportunidad para afianzar su futuro en un contexto económico desafiante.