Un cambio crucial en Vicentin: Grassi avanza con su plan de salvataje
El proceso judicial de uno de los casos más seguidos en el sector agroindustrial argentino, Vicentin, ha experimentado un avance significativo esta semana. La firma de origen rosarino, liderada por Grassi, ha respondido a las impugnaciones presentadas por Molinos Agro – Louis Dreyfus Company (MOA/LDC) y otros acreedores, reafirmando que su propuesta de salvataje cuenta con el respaldo necesario. En este contexto, la empresa solicita al juez Fabián Lorenzini que homologue el acuerdo preventivo y efectúe la adjudicación de las acciones, de acuerdo con el marco legal que rige este tipo de procesos.
La defensa de Grassi en el marco del cramdown
Grassi ha presentado un escrito detallado en el cual argumenta que su propuesta de salvataje ha cumplido con las mayorías legales requeridas. Esta información se basa en el dictamen de la sindicatura plural, que certificó un notable 65,97% de las cápitas y un 84,99% del capital verificado. Según el informe de la sindicatura, se han identificado 1.141 adhesiones válidas de un total de 1.708 acreedores computables.
El escrito de defensa de Grassi sostiene que “no existe irregularidad alguna que pueda afectar la validez del acuerdo alcanzado”. Esto se refiere a las impugnaciones trabajadas por las empresas Molinos y Dreyfus, las cuales, según Grassi, pretenden reabrir debates que ya han sido resueltos o rechazados previamente por el tribunal. La firma enfatiza que todas las adhesiones contaron con las exigencias formales necesarias, incluidas firmas digitales y electrónicas válidas.
Las impugnaciones y la respuesta de Grassi
Grassi también critica las impugnaciones que intentan excluir adhesiones de entidades vinculadas, argumentando que estas solicitudes se basan en cuestiones que ya han sido tratadas y aceptadas en instancias anteriores. En particular, la defensa menciona que entidades reconocidas y con créditos comprobados, como Bunge Agritrade, Rabobank, y otros, han validado sus cesiones y respaldado su documentación.
Un punto crucial en la defensa de Grassi es la interpretación del artículo 48 inciso 7 de la Ley 24.522, que establece que el tercer oferente que alcanza las mayorías tiene derecho a la transferencia de acciones “sin otro trámite, pago o exigencia adicional”. Este marco legal es fundamental para el proceso, que, según Grassi, debe ser considerado de manera automática si se cumplen las condiciones necesarias.
El rol del juez y el cierre inminente del proceso
El juez Fabián Lorenzini ha reconocido a Grassi como el primer oferente en comunicar la obtención de las mayorías dentro del plazo legal. Esta fase es crítica, ya que forma parte del procedimiento de control que permitirá al magistrado dictar la sentencia de homologación del acuerdo.
En los días previos al cierre del 31 de octubre, Lorenzini ordenó a MOA/LDC que retirara cualquier indicación de su portal que pudiera inducir a los acreedores a revertir las conformidades previamente otorgadas. Este paso busca garantizar la imparcialidad del proceso judicial, vital para resguardar la transparencia del mismo.
A medida que se presenta esta nueva respuesta, Grassi se posiciona firmemente en el expediente judicial. La firma ha reiterado ante el tribunal que, dado que las mayorías están certificadas y las adhesiones han sido formalmente verificadas, es legítimo solicitar que se declare la existencia del acuerdo preventivo y se ordene la transferencia del capital accionario.
El futuro de Vicentin y su impacto en el sector agroindustrial
Si Grassi logra avanzar hacia la homologación, podrá implementar su plan operativo que incluye la continuidad de la producción, así como la reestructuración de las relaciones con los productores a través de mecanismos de comercio preferenciales. Este enfoque busca establecer un esquema de recuperación total para aquellos acreedores que contribuyan a la prefinanciación de exportaciones.
Vicentin, que entró en default en diciembre de 2019 con deudas que superan 1.500 millones de dólares, se encuentra en un momento de definición crítica. El caso ha captado la atención no solo a nivel local, sino también internacional, dada su relevancia en la industria agroindustrial de la región de San Lorenzo.
Con el expediente ahora en manos del juez Lorenzini, se aproxima un desenlace que podría allanar el camino a una nueva etapa bajo la administración del oferente ganador. Este desarrollo es crucial para restablecer el flujo de comercio de la empresa y reintegrar a Vicentin en la estructura económica del sector, cuya revitalización es esencial no solo para los acreedores, sino también para la comunidad productiva en general.
El futuro de esta emblemática empresa estará determinado por las decisiones que se tomen en los próximos días, un proceso que no solo implica elementos legales, sino un oxígeno vital para uno de los íconos del agro argentino. En definitiva, Vicentin se encuentra en una encrucijada que podría definir su rumbo en los años venideros, y la figura de Grassi emerge como un protagonista central en esta narrativa de recuperación.