Desde diciembre de 2023, el sector público argentino ha vivido una transformación significativa, marcada por una notable reducción en la cantidad de empleados. Este ajuste, que ha dejado a casi 60,000 trabajadores fuera de la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales, forma parte de un amplio plan de austeridad implementado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia, popularmente conocida como el «plan motosierra», ha suscitado un intenso debate sobre sus implicaciones para la economía nacional y el bienestar de la población.
Un recorte drástico en los puestos de trabajo
La caída de los empleos en la APN y otras entidades estatales representa un 17.5% desde la llegada de Milei al poder. Este fenómeno ha contribuido a que la dotación de empleados se reduzca de 341,473 en diciembre de 2023 a 281,785 en noviembre de 2025. Entre los sectores más afectados se encuentran las administraciones centralizadas y descentralizadas, así como las empresas estatales.
Nadin Argañaraz, doctor en Economía y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), analizó el impacto del recorte y señaló que la administración centralizada absorbió el 26% de la reducción, mientras que la administración descentralizada y las empresas y sociedades estatales representaron el 33% y el 34%, respectivamente.
Las cifras detrás del ajuste
Esta lamentable pérdida de empleos también tiene un desglose más específico. Los datos indican que los sectores con mayor reducción de cargos incluyen:
- Administración centralizada: 15,780 puestos
- Correo Argentino: 5,191 puestos
- Trenes Argentinos Operaciones: 3,504 puestos
- ARCA: 3,152 puestos
- Conicet: 2,074 puestos
- Banco Nación: 2,010 puestos
- Aerolíneas Argentinas: 1,913 puestos
El impacto del ajuste ha sido tan severo que, en algunos organismos, como la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU), se reportó una reducción del 79% de su plantilla. En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la merma alcanzó el 51%, y en la Casa de la Moneda tuvo un descenso del 44%.
Suprimiendo entidades del Estado
El plan de ajuste no solo se ha limitado a reducir personal, sino que ha llevado a la supresión de varias entidades estatales, entre las cuales se destacan:
- Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)
- Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa)
- Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
- Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (Decahf)
Estas decisiones han sido justificadas por el gobierno bajo la premisa de aliviar el gasto estatal, pero han suscitado preocupaciones sobre los derechos y necesidades de ciertos grupos poblacionales que dependían de los servicios que brindaban estas entidades.
Datos recientes y su impacto
A medida que las proyecciones económicas del país muestran signos de preocupación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó que en noviembre de 2025, el número de empleados en la APN había disminuido un 7.1%, mientras que en las empresas y sociedades estatales la caída fue del 7.8%, lo que significa la pérdida de 22,322 puestos en comparación con noviembre de 2024. Esto ha llevado a un debate más amplio sobre las políticas de ajuste y su efectividad para estabilizar la economía.
Aunque algunos sectores se han enfrentado a caídas significativas, hay otros que han visto reducciones menos drásticas:
- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp): 5%
- Conicet: 7.5%
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 10.5%
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa): 10.5%
La situación económica, sumada a la alta tasa de desempleo y la disminución de los servicios públicos, ha abierto un debate sobre si estas políticas de austeridad son realmente efectivas o si, por el contrario, pueden tener consecuencias negativas a largo plazo para la sociedad.
El desafío para el gobierno y la sociedad argentina radica en encontrar un equilibrio entre la reducción del gasto público y la preservación de los derechos sociales y laborales de los ciudadanos. A medida que el país avanza hacia un futuro incierto, la atención estará centrada en cómo estas decisiones afectarán tanto a la economía como al bienestar de la poblacion.