La reciente resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, emitida el 17 de noviembre de 2025, marca un hito significativo en las dinámicas de verificación para las empresas que importan vehículos incompletos, como motocicletas y cuatriciclos, previstos para ser ensamblados en el país. Esta decisión, que acompaña las políticas de fomento a la producción local, afecta directamente a las compañías que operan bajo un régimen de aranceles de importación del 0%, incentivando la manufactura nacional y, a su vez, optimizando los recursos de fiscalización del Estado.
Cambios en la fiscalización de importación
La nueva Resolución 490/2025 establece un marco claro acerca de quién y cómo se llevarán a cabo los procesos de auditoría y control para las empresas beneficiarias. En este sentido, la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial, que forma parte de la Subsecretaría de Gestión Productiva, asumirá la responsabilidad de las verificaciones tanto en las plantas de ensamblaje como en los proveedores nacionales, cuando sea necesario. Esta medida busca una supervisión más eficaz y ajustada a las necesidades del sector.
Procedimientos de cumplimiento
Las empresas que se encuentren dentro de este régimen de importación tendrán que continuar presentando una declaración jurada anual que valide el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esto no solo es un paso hacia la transparencia, sino que también permite al gobierno realizar auditorías y visitas a las instalaciones de forma más estratégica. Estos mecanismos de control ya estaban contemplados en los Decretos 81/2019 y 460/2023, que estipulan la continuidad de este esquema hasta el 31 de diciembre de 2028.
- Decreto 81/2019: Establece el arancel del 0% para importaciones de vehículos incompletos con ciertas condiciones.
- Decreto 460/2023: Amplía las normativas y establece nuevos plazos para la regularización de procedimientos y beneficios.
Costo y modalidad de pago
Un aspecto relevante de la resolución es la actualización de los costos que las empresas deben asumir para poder beneficiarse de este régimen. Los importadores que se incluyan bajo el Decreto 81/19 deberán abonar un 1.5% del monto correspondiente a los derechos de importación que hubieran sido aplicables. Por otro lado, aquellas que se rijan bajo el Decreto 460/23 pagarán un 1%. Ambos pagos tendrán que realizarse en pesos argentinos a través de la plataforma e-recauda, tomando como referencia la cotización del dólar billete del Banco Nación del día anterior a la transacción.
Requisitos adicionales y mecanismos de verificación
La resolución también introduce nuevas solicitudes de información que pueden ser requeridas por la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial. Esto incluye la posibilidad de consultar a cámaras sectoriales y realizar verificaciones mediante terceros organismos en los casos que lo consideren conveniente. La ampliación de esta capacidad de verificación puede parecer un ajuste en el proceso, pero busca fortalecer la confianza entre el sector industrial y las autoridades.
Manual de Buenas Prácticas de Auditoría
En un esfuerzo por estandarizar la auditoría en las empresas adheridas a estos regímenes, la Secretaría de Industria y Comercio faculta a la Subsecretaría de Gestión Productiva para que desarrolle un «Manual de Buenas Prácticas de Auditoría». Este documento servirá como guía para unificar criterios y procedimientos, contribuyendo a una mayor coherencia en el proceso de fiscalización.
La resolución, firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, refleja un intento serio de optimizar los recursos y procedimientos estatales en beneficio de un sector clave para la economía, como lo es la industria automotriz y de vehículos de motorización.
Perspectivas a mediano plazo
La actualización del régimen de fiscalización para empresas que importan y ensamblan motocicletas y cuatriciclos se inserta en un contexto donde la producción local tiene un rol protagónico en el desarrollo económico del país. Con esta serie de medidas, el gobierno busca fomentar la independencia del mercado interno y minimizar la dependencia de importaciones, generando un efecto positivo en el empleo y el crecimiento industrial.
En este sentido, es crucial observar cómo estas medidas impactarán en la dinámica empresarial y en la competitividad del sector. Los resultados de este nuevo enfoque fiscalizador definirán el futuro de la industria de vehículos en Argentina, especialmente en un contexto global competitivo donde las empresas deben adaptarse rápidamente a las exigencias del mercado y a las regulaciones del estado.
La implementación de este nuevo marco tiene el potencial de ser un paso decisivo hacia un ecosistema industrial más robusto, donde la correcta fiscalización, la promoción de la producción nacional y el cumplimiento normativo se conviertan en pilares fundamentales del sector económico en el país.