La situación en torno a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ha cobrado un nuevo giro tras un reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata. Esta decisión judicial busca frenar los intentos del gobierno por privatizar la empresa estatal, lo que ha generado un intenso debate sobre el impacto que dicha medida tendría en el acceso al agua potable y los servicios de saneamiento en el país.
Un fallo que podría cambiar el rumbo de AySA
La Cámara platense ha ratificado una medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Esta determinación prohíbe a AySA realizar modificaciones en sus compromisos relacionados con la provisión de agua potable, salud pública y protección del medio ambiente. En particular, la medida congela la implementación de un nuevo contrato de concesión previsto para mayo de 2026, que preveía normas de calidad significativamente más permisivas para un futuro operador privado.
La intervención de la justicia federal
Además de la restricción dictada por la justicia bonaerense, el caso ha sido trasladado al fuero federal, dado que AySA cuenta con un 90% de participación estatal nacional. Este cambio es crucial, ya que las decisiones sobre su privatización ahora dependerán de instancias judiciales con mayor capacidad para abordar la complejidad del asunto.
En respuesta a la consulta realizada por el medio Clarín, desde AySA han desestimado las afirmaciones de que se detendría el proceso de privatización, argumentando que la competencia judicial no recae en la justicia provincial. La empresa sostiene que continuará con su plan de privatización a pesar de las acciones legales en curso.
Las ambiciones del gobierno
El plan del gobierno argentino implica privatizar el 90% de AySA en una operación que podría generar ingresos por aproximadamente US$ 500 millones. Originalmente, la apertura de ofertas para esta privatización estaba programada para el 27 de agosto, pero fue postergada para el 15 de septiembre a las 10:00 a.m.
El proceso de privatización implicaría una concesión a un operador privado por 30 años de los servicios de agua potable y cloacas que benefician a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Este movimiento ha suscitado dudas e inquietudes entre los ciudadanos, ya que la privatización de servicios esenciales plantea interrogantes sobre la calidad del servicio y el acceso equitativo para la población.
Interés empresarial en la privatización
Entre los actores interesados en adquirir el 90% de AySA, destaca el Grupo Roggio, conocido por operar Aguas Cordobesas. Esta compañía tiene experiencia en la gestión de servicios de agua, lo que podría facilitar su posicionamiento en la futura concesión.
Adicionalmente, Mauricio Filiberti, propietario de Transclor (proveedor de cloro a AySA), también está considerando participar en la privatización. Filiberti posee una notable trayectoria en el sector, al ser socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor. Estos empresarios, recientemente adquirieron Metrogas y tienen planes de hacerse con parte de la refinería de Shell y sus 900 estaciones de servicio, por lo que su interés en AySA no resulta sorprendente.
Requisitos para la concesión y asociación internacional
El pliego de requisitos para la concesión de AySA estipula que las compañías que deseen participar deben demostrar experiencia en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Esto ha llevado a que muchas firmas argentinas interesadas busquen asociarse con empresas extranjeras para cumplir con los criterios establecidos.
Entre las empresas extranjeras que podrían entrar en el juego figura la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), la mayor empresa de agua y saneamiento en América Latina, que opera en la red de San Pablo, Brasil, y da servicio a unos 27 millones de habitantes. Otra opción es Águas do Rio, también de Brasil, que se encarga de proveer agua en Río de Janeiro. La experiencia de estas empresas podría ser fundamental para garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios en caso de que se materialice la privatización.
Este contexto genera un despliegue de incertidumbre en la población, que se preocupa por el futuro de un recurso esencial como es el agua. Las opiniones divergen entre aquellos que ven en la privatización una posible mejora en la eficiencia del servicio y quienes advierten riesgos en la comercialización de un bien tan fundamental. La tensión entre intereses empresariales y el bienestar público permanece en el centro del debate, y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace en esta crucial decisión para el acceso al agua en Argentina.