La reciente subida de tasas de interés ha generado un impacto significativo en la economía, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Argentina. Estas empresas, fundamentales para el tejido productivo del país, se han visto obligadas a enfrentarse a desafíos financieros que, en muchos casos, exceden su capacidad operativa. La situación ha llevado a un aumento notable en el uso de garantías por parte de las pymes, a medida que las dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones de pago se han vuelto más comunes.
El impacto de la morosidad en las pymes
De acuerdo con datos recientes de la Cámara Argentina de Fondos y Sociedades de Garantía Recíproca (Casfog), el monto de las deudas impagas de las pymes ha alcanzado cifras alarmantes. Entre enero y noviembre de 2025, la mora de estas empresas creció un asombroso 275%, elevándose hasta $78.500 millones en noviembre del año pasado. Esta escalofriante cifra refleja no solo la presión de la alta inflación, sino también las crecientes dificultades de acceso a financiamiento en un contexto de mayores tasas de interés.
Aumento en la utilización de garantías
En el primer mes del año 2025, alrededor de 2.900 pymes hicieron uso de sus garantías con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para cubrir deudas. Este número se disparó hasta cerca de 4.800 pequeñas empresas en noviembre, lo que subraya la creciente tendencia de las pymes a buscar este tipo de respaldo ante su incapacidad para enfrentar los pagos normales a bancos y otros acreedores.
El sistema de Sociedades de Garantía Recíproca
Las SGR operan como un mecanismo fundamental para facilitar el acceso al financiamiento, permitiendo que las pymes obtengan créditos en condiciones más favorables, a pesar de no contar con las garantías necesarias según los estándares tradicionales del sistema financiero. Sin embargo, es importante aclarar que estas entidades no otorgan préstamos de forma directa; su función es actuar como garantes.
¿Cómo funcionan las SGR?
El proceso comienza con la evaluación del riesgo crediticio del proyecto o la empresa que solicita la garantía. Si se determina que el riesgo es aceptable, la SGR emite un aval en favor del banco o entidad financiera que proporcionará el financiamiento. Este sistema permite que muchas pymes que, de otro modo, quedarían excluidas del mercado crediticio formal, puedan acceder a créditos esenciales para su operativa.
El Fondo de Riesgo de las SGR, que se nutre de aportes de las mismas entidades, sirve para cubrir eventuales faltas de pago. Más del 50% de la morosidad reportada corresponde a deudas con el sistema bancario, aunque también hay financiamiento proveniente de otros prestamistas, como el mercado de capitales.
Crecimiento del Fondo de Riesgo y el “riesgo vivo”
El balance de Casfog revela que el Fondo de Riesgo de las SGR creció de $910.820 millones a $1,1 billones entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un aumento nominal del 27,6%. Este avance, aunque significativo, quedó levemente por detrás de la inflación, lo que sugiere una necesidad de mayor prudencia y eficiencia en la gestión de los recursos.
En cuanto al “riesgo vivo”—es decir, los avales vigentes—, se mantuvo en niveles altos durante todo el año. Según los informes, el sistema registró picos superiores a $3,8 billones, cerrando el ejercicio en aproximadamente $3,28 billones. Este capital se ha enfocado, principalmente, en operaciones de capital de trabajo, inversión y comercio exterior.
Desafíos del financiamiento en el contexto actual
El Banco Central ya había advertido sobre el aumento de la irregularidad crediticia en el segmento empresarial, que aunque continúa siendo inferior al de las familias por deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, ha mostrado un crecimiento preocupante. Por ejemplo, la irregularidad en préstamos prendarios destinados a empresas alcanzó casi 3%, un incremento que representa el triple comparado con el año anterior.
Incremento en cheques rechazados
Un dato inquietante que revela la complicada situación financiera de las pymes es el aumento en el monto de cheques rechazados por falta de fondos. Según un informe del Banco Galicia basado en datos del Banco Central, el total de cheques rechazados en noviembre llegó a $323.000 millones, mientras que en enero se había situado por debajo de los $150.000 millones, lo que pone de manifiesto la creciente presión financiera que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el país.
La situación actual demanda atención y acción tanto por parte de las pymes como de las instituciones que las respaldan, ya que el futuro de un sector tan vital para la economía depende de la capacidad de sus actores para adaptarse y encontrar nuevas formas de mitigación ante los desafíos financieros que se avecinan.